Varios accionistas de Bankia personados en la causa que instruye el juez Fernando Andreu han empezado a solicitar una ampliación de la fianza de 34 millones de euros que se impuso a la entidad y su matriz, BFA, y a cuatro de sus exconsejeros, entre ellos su expresidente, Rodrigo Rato. Aunque se trata de cantidades modestas, de entre 3.000 y 30.000 euros, la fianza del «caso Bankia»puede aún no ser definitiva, ya que nuevos accionistas que se han sumado a la causa o no pidieron medida cautelar alguna antes o han venido exigiendo en los últimos meses que se incluya lo que invirtieron en el debut bursátil.

Por el momento, el juez ha preferido preguntar su opinión al respecto a la Fiscalía Anticorrupción y a los seis imputados que tuvieron que pagarla, para que «insten lo que a su derecho convenga sobre la solicitud interesada», según los autos del magistrado. Y esto pese a que todos ellos, incluyendo Anticorrupción, ya se habían opuesto inicialmente a la adopción de esta medida cautelar.

Pero de que la cifra podía modificarse ya advirtió la sala de lo penal de la Audiencia Nacional el pasado abril, cuando al delimitar la multimillonaria fianza de Andreu a lo que reclamaron los afectados en la vista de medidas cautelares celebrada el pasado febrero, aludió a la probabilidad de que se personaran más. Y es que en esa vista solo algunos de los inversores optaron por reclamar el equivalente a lo que habían invertido en títulos de la entidad hasta julio de 2011, que ascendía a 34,06 millones.

La cifra ha sufrido algún que otro ajuste desde entonces, ya que la Audiencia Nacional corrigió poco después al alza su primer cálculo y lo elevó en otros 16.000 euros, y han sido varias las ocasiones en las que los magistrados han hablado de la «permanente modificabilidad.

Paralelamente, el banco aprobó que el magistrado restara un total de 541.192 euros a la fianza alegando que, al hacer el cálculo, el tribunal había incluido a dos inversores que adquirieron los títulos fruto del canje de preferentes y deuda subordinada, «hecho que no es objeto del presente procedimiento», que está ceñido a los que compraron acciones en la Oferta Pública de Suscripción (OPS). La petición fue denegada porque, según el juez, él no puede modificar las resoluciones dictadas por su instancia superior.