La dotación de la política de vivienda para 2016 asciende a 587,1 millones de euros, la misma partida que en 2015, y el 94,2 % de la misma corresponde a los créditos asignados al programa de promoción, administración y ayudas para la rehabilitación y el acceso a la vivienda.

Según el proyecto de Presupuestos Generales 2016 presentado hoy, otros 32,8 millones de euros se destinarán a los programas de ordenación y fomento de la edificación, mientras que 1,5 millones se emplearán en políticas urbanas y de suelo.

Para la renta básica de emancipación de los jóvenes, derogada desde el 1 de enero de 2012, se asignan 6 millones de euros.

A pesar de haber sido derogada, tienen acceso a la misma aquellos que tuvieran derecho reconocido o que lo hubieran solicitado antes del 31 de diciembre de 2011, hasta que cumplan los 30 años de edad o la hayan disfrutado durante cuatro años interrumpidos o no.

Para convenios con distintas comunidades autónomas y entidades locales, suscritos a través de Sepes o por la propia Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo se destinarán 15,7 millones en 2016.

Las dotaciones para la vivienda incluyen además subvenciones para remodelar barrios mediante convenios con administraciones territoriales; estudios de investigación y fomento en arquitectura y vivienda; intervenciones arquitectónicas y de ingeniería en obras de rehabilitación patrimonial y la elaboración de normas básicas reguladoras de la innovación y calidad de la edificación.

En materia de urbanismo y suelo, durante 2016 se prestará apoyo y asistencia técnica al desarrollo de nuevos proyectos y actividades contempladas en la ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas y en la ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas.

El Ejecutivo sitúa el alquiler como uno de los ejes centrales de los Planes Estatales, centrados en incentivar la promoción y la construcción de viviendas.

La rehabilitación, la renovación y la regeneración urbana son otros ejes básicos, al igual que las ayudas a la subsidiación a los préstamos de aquellos beneficiarios que adquirieron una vivienda protegida y disponen de escasos recursos.