El Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) ha encontrado al menos una decena de anomalías en el proceso de adjudicación —ahora paralizado, tal como avanzó ayer Levante-EMV— de contratos de intermediación laboral a las agencias de colocación que aspiran a gestionar algunos servicios que se prestan a los desempleos de la Comunitat Valenciana (473.889 personas). La decisión de los nuevos gestores del Servef, tras el cambio de signo político en la Generalitat, se produce al detectarse errores de bulto en la documentación de varias de las 19 agencias de colocación ya homologadas en sus respectivas ofertas para participar en el programa del Consell de 6,4 millones de euros, sostenido con fondos del Ministerio de Empleo.
Esta transferencia del Ejecutivo central corresponde a 2015 y se destina a impulsar la colaboración público-privada con vistas a reducir el paro —una estrategia que no comparte la actual administración autonómica y no prevé mantener en 2016— tras el acuerdo de la Generalitat del PP con el Gobierno de Mariano Rajoy.
Según el reciente informe de auditoría del Servef, la adjudicación queda suspendida al comprobar que hay «centros de trabajo inexistentes» que han presentado ofertas en este concurso del organismo autónomo. Así lo reconoce dicha investigación interna al examinar la documentación y, además, realizarse visitas a algunas agencias de colocación —entre las que figuran empresas de trabajo temporal o instituciones como ayuntamientos, universidades, cámaras de comercio, patronal y sindicatos— por parte de personal del Servef.
Resulta sorprendente que entre las cuestiones a resolver por la Mesa de Contratación del concurso, el Servef indica que «hay centros dados de baja por la propia entidad, centros de trabajo presentados por dos o más licitantes o de alta en dos agencias distintas, así como entidades que han presentado una relación de centros muy extensa creando confusión entre las altas de los domicilios y el plazo límite de presentación de las ofertas». Por si fuera poco, el Servef detecta «firmas de convenios de dudosa legalidad en materia de autorización, centros cuya dirección no se corresponde con el lote solicitado» e incluso «centros de vacaciones o de obras en el período de la realización de las visitas», por lo que no se puede verificar si cumplen los requisitos establecidas por la normativa de las agencias de colocación. Entre la irregularidades que causan la paralización del concurso también llama la atención el hecho de que algunos centros no están dados de alta en registros del sistema nacional de empleo, o que estén dados de alta en fecha posterior al límite de presentación de las ofertas.
Sorpresa en la patronal
La suspensión de las adjudicaciones de contratos del Servef a las agencias de colocación ha sorprendido a entidades del mundo de la intermediación laboral. Empresarios vinculados con Asdace, patronal que aglutina a diversas sociedades, atribuyen la decisión del organismo autónomo del Consell «al cambio de signo político» y sostienen que «la transparencia y la legalidad deben estar garantizadas».
Sea como fuere, algunos dirigentes de las agencias de colocación, que se muestran muy cautos ante el bloqueo de fondos, no ocultan su malestar por la medida que acaban de adoptar los nuevos dirigentes de la conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
