El titular del juzgado de Instrucción número 1 de Nules ha imputado al exsecretario general de la patronal autonómica Cierval y actual principal ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Castelló (CEC), Rafael Montero, por el presunto fraude en los cursos de formación de la Generalitat, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. Además, también ha imputado al directivo de la CEC José Antonio Espejo Pérez. Ambos serán interrogados el próximo 16 de octubre.
El juez investiga a la CEC y a la patronal autonómica por el cobro de cursos de seguridad laboral para trabajadores que nunca se habrían realizado por valor de 418.700 euros en los años 2009 y 2010. Además de a Espejo y Montero, que era secretario general de Cierval y CEC cuando se habría producido el fraude, el magistrado ha citado a declarar como imputados a otras cinco personas, todas ellas representantes legales o empresarios de firmas que cobraron de la patronal valenciana por la formación. El pasado lunes también fueron interrogadas otras tres personas.
El Consell de Alberto Fabra inició en 2014 una investigación sobre el presunto fraude en las ayudas del Servef para formación después de que la Agencia Tributaria le alertara en 2013 de que dos empresas que habían hecho cursos para la CEC en 2009 y 2010 no disponían de empleados ni de recursos para ello. Pese a que en 2011 el Servef había pagado a la patronal valenciana por estos cursos, posteriormente rectificó y solicitó el reintegro de 478.579,84 euros (los 418.700 euros de la subvención más 58.879 euros de intereses de demora).
El Servef continuó con las pesquisas y acabó presentando una denuncia ante la Fiscalía, que la derivó a la oficina delegada de Anticorrupción, que a su vez presentó una denuncia ante el juzgado de Nules que ya ha empezado sus pesquisas y que el lunes interrogó a tres personas, entre ellas al presidente de la patronal castellonense, José Roca, y al actual secretario general de Cierval, Javier López Mora, quien sucedió a Montero en julio de 2011 tras el acuerdo entre las patronales de Valencia y Alicante que aupó a la presidencia de Cierval a José Vicente González. Las fuentes consultadas aseguran que aquel relevo, que causó un enorme malestar en la CEC castellonense y, concretamente, en Montero, no se vio influido por la gestión que este hiciera de la formación en Castelló, que entonces se desconocía.
Además de imputar a los ya mencionados, el juez ha citado como testigos a cuatro personas que habrán de comparecer el 16 de octubre y ha acordado solicitar a una entidad bancaria información sobre una cuenta. A saber, titulares, autorizados, extracto de movimientos, fecha de apertura y, en su caso, cierre, según el TSJ.
El supuesto fraude en las ayudas a la formación ha supuesto un grave quebranto tanto para la CEC como para la Cierval. Esta última es la que recibe los fondos públicos, que luego distribuye entre sus tres asociadas, las patronales provinciales, para que estas los ejecuten. También es la que tiene que devolver el dinero en caso de que le sea reclamado por irregularidades o insuficiente justificación.
Así que la autonómica tuvo que hacer frente a unos pagos „registró pérdidas de 166.336 euros en 2014„ que no ha recuperado por las dificultades económicas que atraviesa la patronal castellonense, que no ha podido reintegrar la citada suma a la Cierval, según las fuentes consultadas. Al igual que la alicantina Coepa, la CEC tampoco se encuentra al corriente en el pago de cuotas anuales que debe abonar a la autonómica.
