Hay coincidencia entre los empresarios de Valencia en que el principal efecto del supuesto fraude en los cursos de formación de la patronal de Castelló, la CEC, que investiga un juez de Nules, en la confederación autonómica Cierval estriba en la pérdida de imagen que está sufriendo la organización. No es un asunto baladí en una patronal que pretende introducir un código ético de conducta en la próxima reforma de sus estatutos y que, si se ve aquejada de casos de irregularidades a nivel interno, se queda sin argumentos de cara al exterior para defender la honradez pública y criticar la corrupción. Es una cuestión que a su presidente, José Vicente González, le preocupa.
La suciedad le ha salpicado porque, como organización cúpula, es la que recibe los fondos públicos para formación, que luego reparte entre sus tres asociadas provinciales. Estas son las que ejecutan el dinero. De ahí que haya tenido que declarar ante el juez su secretario general, Javier López, y que haya tenido que hacer frente a la devolución a la Generalitat de cerca de medio millón de euros que la CEC castellonense gestionó de forma supuestamente ilegal. Como esta última atraviesa una situación financiera muy delicada, Cierval ha tenido que hacer frente a los pagos e incurrir en pérdidas el año pasado. Sin embargo, las fuentes consultadas coinciden en que la patronal autonómica no espera consecuencias judiciales ni económicas, en este caso por posibles sanciones ulteriores. Además, cabe la opción de que Cierval exija a Castelló que le retorne el dinero.
Imputación de Montero
Otra cosa, añaden, es lo que suceda con la cúpula de la CEC, es decir su presidente, José Roca, y su primer ejecutivo, Rafael Montero, quien además era secretario general de la Cierval cuando se concedieron y ejecutaron las ayudas. El primero declaró el lunes y el segundo fue imputado el martes. Ambos se han enrocado en sus cargos y no parecen dispuestos a dimitir. Las fuentes consultadas consideran que los empresarios castellonenses, que el pasado mes de junio no fueron capaces —o no quisieron— de conformar una candidatura que evitara la renovación de Roca tras 28 años en el cargo, tienen la opción de dar un paso adelante y forzar el cambio en esa patronal. En Valencia encontrarán aliados.
El caso puede tener otro efecto colateral, derivado del hecho de que no todas las provinciales realizan ahora cursos de formación. La valenciana CEV ha dejado de prestar este servicio, entre otros motivos para no repetir los problemas que tuvo en el pasado, pero ahora se encuentra en la tesitura de ser corresponsable de la acción «de otros que lo han hecho mal». Por tanto, las fuentes consultadas aseguraron que esta organización pedirá en la futura reforma de Cierval que esta introduzca «más controles» a la hora de repartir y justificar futuras ayudas.
