La patronal autonómica Cierval no se anduvo ayer con paños calientes y situó en su asociada de Castelló, la CEC, la exclusiva responsabilidad sobre las irregularidades en la gestión de cursos de formación que investiga un juzgado de Nules. Fue una de las cuestiones de abordó la junta directiva de la organización. Pese a las reticencias castellonenses, las conclusiones fueron expuestas en un comunicado en el que aclara que «Cierval no ha intervenido de ninguna forma en los hechos denunciados y que su función ha sido puramente administrativa», dado que sus estatutos «le obligan a respetar la autonomía e independencia de sus organizaciones provinciales y no le autorizan a ningún tipo de revisión».

Las ayudas para formación las recibe en primera instacia la Cierval, que luego las distribuye entre las provinciales que han solicitado cursos. Si hay que devolver dinero, el cauce también es la organización cúpula. De ahí que su actual secretario general, Javier López, haya tenido que declarar ante el juez y que la patronal haya tenido que pagar los casi 500.000 euros que fueron mal ejecutados por la CEC, dado que esta no disponía de liquidez para retornarlos. Sin embargo, los hechos investigados y por los que se ha imputado al presidente y al secretario general de la CEC, José Roca y Rafael Montero, se produjeron en la patronal castellonense, coincidiendo con la etapa en que Montero también era el primer ejecutivo de la Cierval. Eso es lo que quiere decir la nota de esta última, aunque también admite que no revisa la ejecución de las ayudas canalizadas a través de ellas. Esta última es una de las cuestiones que los empresarios quieren modificar de cara a la futura reforma de la Cierval.

La organización, que se adhirió al comunicado de la CEOE en contra de una eventual independencia de Cataluña, expresa también en el comunicado «su preocupación por el retraso en la aprobación de la ley de participación institucional» y «advierte de que se están agotando los plazos máximos establecidos en la propia ley» aprobada en abril. El temor patronal coincide con un momento en que la conselleria de Economía estudia la manera de dar protagonismo en esa ley a los agentes sociales minoritarios, singularmente la Intersindical, vinculada a Compromís, el partido del conseller Rafael Climent.