La investigación sobre las irregularidades detectadas por la Generalitat en el uso que el instituto tecnológico Aido hizo de las ayudas públicas sigue sin pausa. Hace quince días, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía se personaron, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, en la sede del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) para reclamar toda la documentación sobre las ayudas y subvenciones del plan Innoempresa que recibió entre 2008 y 2012 la Asociación Industrial de Óptica, Color e Imagen, que es la denominación oficial de Aido. Según las fuentes próximas a la investigación consultadas por este diario, el citado instituto recibió durante esos ejercicios una suma superior al millón de euros.
Innoempresa es un programa de ayudas para autónomos y pymes nacional gestionado por las autonomías y cofinanciado por la Unión Europea. Su propósito es potenciar la capacidad de innovación y competitividad de las empresas a través de nuevas tecnologías, planes estratégicos, I+D, nuevos diseños de producto y sistemas de calidad, entre otras actuaciones. Las fuentes consultadas aseguran que Aido tuvo acceso a estas ayudas por ser una entidad semiprivada y, sobre todo, por las empresas que están asociadas al instituto, que ejercía la labor de solicitar las subvenciones y luego distribuirlas entre sus afiliados.
Denuncia
Esta actuación de la fiscalía es una diligencia más dentro de la causa que investiga el juzgado de instrucción número 2 de Paterna. Todo comenzó en 2013 cuando el Ivace, entonces dirigido por el PP, detectó irregularidades en la gestión de Aido y las trasladó a la fiscalía. En noviembre del año pasado, la Udef reclamó al organismo dependiente de la conselleria de Economía el listado completo de todas las ayudas y subvenciones recibidas por el instituto tecnológico entre 2005 y 2014, si bien desde enero ha reducido la investigación a los años comprendidos entre 2008 y 2012. Desde 2005, Aido recibió fondos públicos por un volumen total de 28 millones de euros.
Fruto de las pesquisas han sido otras peticiones de documentación realizadas en los últimos meses „incluida una en las instalaciones del Servef sobre formación„ y, muy especialmente, el registro de la sede de Aido efectuado en junio pasado. Aquel día, fue detenido por unas horas su director, Emilio Pérez, quien se encuentra imputado por esta causa, junto a otras doce personas, supuestamente por fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos. Las actuaciones judiciales pretenden indagar en la irregular justificación de proyectos subvencionados y, en consecuencia, determinar si esos fondos se destinaron a fines distintos a los consignados.
