Se acabaron las dudas y las presiones. La ley de participación institucional no se toca. Así lo aseguró ayer el conseller de Economía, Rafael Climent, cuyos propósitos de incorporar a los agentes sociales minoritarios, singularmente la Intersindical, tan próxima a los postulados de su partido, Compromís, han chocado con la realidad de una legislación aprobada por las Corts Valencianes el pasado mes de abril con la abstención de su formación política y el apoyo explícito de su actual socio de gobierno, el PSPV.

Preguntado al respecto tras reunirse con el presidente de Feria Valencia y de la patronal Cierval —beneficiaria de la ley, junto a UGT y CC OO—, José Vicente González, Climent señaló que ejecutará la Ley de Participación Institucional tal cual está aprobada. «Lo que tengo claro es que no voy a contradecir algo que ya está aprobado y que he de ejecutar», afirmó.

El conseller indicó que confía en que el texto pueda empezar a aplicarse antes de final de año, si bien González precisó acto seguido que el reglamento que lo desarrolla, ahora mismo en manos de la Abogacía de la Generalitat, se ha de «tener claro en octubre», cuando «se cumplen los seis meses que marca la propia ley».

Climent, por tanto, acata el «mandato de las Corts», pero también dejó entrever que, si fuera su departamento el que tuviera que redactar de nuevo esa ley, el futuro texto sería diferente y, seguramente, daría cabida a los agentes sociales minoritarios. Se le preguntó expresamente sobre ello y utillizaó el concepto de «equidistribución social» que ha aplicado durante sus 16 años como alcalde de Muro de Alcoi, donde puso en práctica «la máxima distribución de los servicios públicos y del dinero público que nos toca gestionar». Así que, «probablemente, mi propuesta sería de equidistribución total, pero, repito, no toca en estos momentos hablar de ese tema si no es en los parámetros de la ley aprobada y que se ha de ejecutar».