El ex director general de Bancaja y antiguo presidente del Banco de Valencia (BdV) Aurelio Izquierdo y el ex consejero delegado de esta entidad Domingo Parra obtuvieron unos beneficios de 11,3 millones de euros «gracias a sus relaciones con clientes de Banco de Valencia» y ocultaron a esta entidad su participación en empresas a las que financiaba.

Así lo concluyen los inspectores del Banco de España Luis Rubio y Juan Antonio Casado en un informe pericial presentado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco de una de las piezas separadas en las que se investigan las operaciones de financiación llevadas a cabo por Banco de Valencia, que acabó siendo intervenido por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y vendido por un euro a CaixaBank.

En su informe, los peritos explican que Parra e Izquierdo tuvieron una participación minoritaria, «de forma directa o indirecta a través de la sociedad IZPA» desde mayo de 2003 en la empresa de promoción inmobiliaria Capital Residencial, que fue constituida en abril de ese mismo año por el grupo de Vicente Llácer y Vicente Giner junto a familiares de ambos.

En enero de 2004, los hermanos de Calabuig Gimeno adquirieron parte de su capital social a través de su empresa Galbis Inversiones, hasta que en 2009 el Grupo Llácer se hizo de nuevo con la totalidad de las participaciones de Capital Residencial. Los peritos precisan que la sociedad limitada Gestor Inversiones IZPA estaba participada por las esposas de Parra e Izquierdo, Esmeralda López y María Josefa Aznar.

Los expertos advierten de que Parra e Izquierdo usaron «sociedades intermedias para ocultar la participación que estaban llevando a cabo en las actividades empresariales inmobiliarias de determinados clientes del Banco de Valencia». En este sentido, omitieron que en el accionariado de Capital Residencial se encontraba Capital Costa y que ellos recibían dividendos.