El Instituto Valenciano para la Competitividad Empresarial (Ivace), ha rechazado una propuesta del consejo rector de Aido para ampliar a 50 años la concesión de suelo público sobre la que se asienta uno de los edificios del Instituto de Óptica. Esta ampliación permitiría obtener un préstamo de algo más de dos millones de euros para intentar sostener la delicada situación del centro.

La entidad dependiente de la Conselleria de Economía justifica su decisión en razones de defensa del patrimonio público, pues Aido, cuya cúpula está siendo investigada por presuntos delitos de fraude en subvenciones, no ha presentado ningún plan económico que avale un nuevo respaldo público a su continuidad. El comité de empresas emitió ayer un comunicado en el que achaca el «próximo cierre» del centro tecnológico a la «nefasta gestión empresarial».

El consejo rector que preside Rafael Ros aprobó (con la ausencia de los represenantes de la Generalitat, a los que no se convocó) un ERE de extinción para toda la plantilla, 55 personas. Pero en él no incluyó al director Emilio Pérez, imputado en la causa judicial, sino que le despidió con una indemnización de más de 70.000 euros.

Aido perdió 2,7 millones en 2014 y tiene unos fondos propios negativos de 558.000 euros.