La intervención del director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, en las Corts Valencianes el lunes de la semana pasada ha provocado un temblor de consecuencias imprevisibles en la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana, incluida una llamada del Banco de España. Aquel día, Illueca anunció que la Generalitat no se hará cargo de los créditos fallidos procedentes de la SGR que correspondan a avales concedidos sin criterios de «razonabilidad económica».
El supervisor y los principales bancos que trabajan con la citada sociedad no tardaron en expresar su preocupación a los gestores de la SGR ante la posibilidad de que se cumplan los impagos, según fuentes próximas a la sociedad. No es para menos, si tenemos en cuenta que el riesgo contraído por la banca asciende a 400 millones.
La situación de la entidad avalista es ciertamente compleja. Fue salvada de la quiebra a cambio de un coste para las arcas públicas de unos 400 millones. Posteriormente, la propia entidad y sus exconsejeros fueron sancionados por el Banco de España por haber incumplido durante unos meses los niveles legales de solvencia.
A resultas de esta multa, impuesta el pasado mes de abril, aunque rebajada finalmente en julio en un 35 % en su cuantía, una de las entidades con más financiación comprometida con la SGR, Bankia, paralizó la firma de un convenio para conceder una línea de crédito a la entidad.
Pese a todo, las conversaciones entre las dos partes continuaron, pero el anuncio de Illueca, según las fuentes consultadas, «no ha ayudado» en la negociación, que sigue parada. Bankia es una de las entidades, junto al Sabadell, CaixaBank y BBVA, que la semana pasada llamaron alarmadas a la SGR. Como principales socios protectores, junto a la Generalitat, fueron los bancos que financiaron la salvación de la sociedad, bajo el aval de la administración autonómica.
Fuentes de la conselleria de Hacienda, por su parte, aseguraron a este diario que este departamento del Consell no recibió llamada alguna del Banco de España, aunque sí es conocedor de la preocupación generada en el sector por las palabras de Illueca, quien ya había informado a algunas entidades implicadas de la situación de la SGR. No obstante, añadieron que la intervención del director del IVF «fue impecable y nada irresponsable», entre otros motivos porque «estamos hablando de dinero público y en las Corts se dice la verdad».
Bajo la lupa de la Intervención
Y la verdad, según explicó aquel día Illueca, es que el IVF se está rigiendo por lo que marca la Intervención de la Generalitat, que ya le ha alertado de que se dirigirá a la fiscalía si la administración pública se hace cargo de avales que ni siquiera en aquellos años de desmadre financiero tenían racionalidad económica. A resultas de esta situación, el instituto ha iniciado una investigación exhaustiva de todos los créditos fallidos de la SGR con el propósito de ver si hay algunos ilegales. En caso afirmativo, la Generalitat no pagará y los remitirá a la fiscalía.
Esos avales que no sean pagados tendrá que asumirlos la SGR, en primer lugar, y luego los bancos acreedores. El IVF admite que los créditos fallidos que no cubra la administración autonómica provocarán un agujero en la sociedad avalista, pero cree, según las fuentes consultadas, que la posible descapitalización dependerá de los resultados del proyecto citrus, consistente en la venta de todos los activos inmobiliarios adjudicados y que está valorado en 170 millones.
