La Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, ha decidido tomar cartas en el asunto de los abusos que se producen habitualmente en las transacciones comerciales citrícolas en el campo al abrir una veintena de expedientes sancionadores a empresas del sector naranjero, entre estas varias de la Comunitat Valenciana. La AICA ha controlado 165 operaciones de compraventa de agrios en 33 firmas y propone ahora sanciones a 19 operadores de mercado por «incumplimientos en la Ley de la Cadena Alimentaria», que aprobó el Gobierno central en 2013.
La inexistencia de contratos en origen „entre los productores y el comercio, para así forzar precios a la baja„ y la conocida como «venta a resultas», es decir vender sin fijar precios, son los principales problemas a los que se enfrenta el eslabón más débil de la cadena alimentaria tras exigir en reiteradas ocasiones el uso de documentos contractuales y la fijación de precios.
El aumento de las inspecciones realizadas por el citado departamento del Ministerio de Agricultura, que se centra sobre todo en el sector de frutas y hortalizas, también ha detectado el incumplimiento de los pagos a 30 días a los proveedores. Con todo, esas exigencias no se extienden a las cooperativas, que no prevén el plazo del cobro de los agricultores que les suministran la fruta, lo que está generando un profundo malestar entre el comercio privado, así como entre los mercados mayoristas. Estos últimos canalizan el 40 % del producto fresco que se comercializa en España.
Inspecciones
La propuesta de sanciones que acaba de anunciar la Agencia de Información y Control incluye sanciones que van desde los 3.001 a los 100.000 euros y ya han empezado a llegar a los empresarios. El citado organismo ya ha realizado más de 1.800 inspecciones a firmas mayoristas.
El director de AICA, José Miguel Herrero, en una reciente jornada organizada por la Asociación Valenciana de Agricultores, aseguró que la información del sector «es clave» y que la vía de denuncias es la más rápida para que las inspecciones del organismo público sean más ágiles.
