La Conselleria de Economía está dispuesta a realizar concesiones en el pleito que mantiene con el Gobierno a cuenta de los horarios comerciales. El Estado quiere tumbar la norma que aprobó en febrero el PP y amenaza con plantear un recurso de insconstitucionalidad que, en la práctica, paralizaría el decreto autonómico y haría entrar en vigor la ley estatal.
Se trata solo de uno de los diferentes frentes del conflicto abierto por la apertura en domingos y festivos tras la llegada del nuevo Consell y que tiene su epicentro en las cinco zonas de gran afluencia turística (y, por tanto, libertad horaria) de Valencia ciudad.
En este caso concreto, el Ministerio impugna dos aspectos. Uno de ellos es la obligada revisión a los dos años de las zonas de gran afluencia turística que ya contaran con esa declaración antes del decreto (no las de Valencia ciudad sino otras en zonas de veraneo). El Estado cree que esta disposición crea inseguridad jurídica.
Así lo transmitió en la comisión bilateral que reunió al ministerio con la conselleria a finales de septiembre, un protocolo puesto en marcha como paso previo a la presentación del recurso al Constitucional. El Ministerio entiende que hay una fricción entre la normativa autonómica y las leyes de garantía de unidad de mercado y la ley de comercio estatal.
El ejecutivo autonómico va a suavizar este aspecto y eliminar la «obligatoriedad» de la revisión. Una concesión que no impide, por otro lado, que si un ayuntamiento lo solicita se pueda revisar y, por tanto, revertir una zona de libertad horaria. Ese escenario podría darse hacia finales de 2016, cuando se acerque el final de la moratoria de dos años.
Además de esto, el Gobierno cuestiona el artículo 21 del decreto, que fija los criterios para obtener la libertad horaria por un municipio o zona comercial en virtud de un porcentaje de plazas hoteleras o segundas residencias; o si el centro comercial recibe a un 20% de sus clientes de una distancia superior a 100 km de radio.
En la práctica, esta nueva regulación restringía las aperturas a las grandes superficies del área metropolitana, aunque no tocaba la libertad horaria que ya existe en Valencia gracias a la ley de comercio estatal. El ministerio cree que esas restricciones son excesivas y no se justifican por razones de interés general.
De momento, la conselleria trabaja con la intención de llegar a un consenso en la comisión bilateral que evite el recurso al Constitucional, una amenaza que expira a principios de diciembre. Al departamento que dirige Rafael Climent le gusta poco el decreto de horarios comerciales aprobado por el anterior Consell en febrero pasado. Pero le gusta aún menos la ley estatal del Gobierno de Rajoy, que entraría en vigor en caso de que el ministerio recurriese.
Según explican fuentes de la conselleria, la ley estatal habilita a cualquier ayuntamiento a pedir la declaración de zona de gran afluencia turística y por tanto la libertad horaria con unos criterios mínimos. Además, cualquier ciudad con cruceristas tiene permitida una zona en el entorno del puerto. De un modo u otro, el vuelco político en Valencia y la mayoría de grandes ayuntamientos minimizaría los efectos de esa hipotética entrada en vigor, opinan en la conselleria.
