La Conselleria de Economía ya tiene listo el argumentario con el que va a contrarrestar todas las alegaciones que el Ministerio de Economía ha planteado contra el decreto de horarios comerciales que aprobó el Consell del PP a principios de año. Ahora mismo está en marcha una comisión bilateral. Si no hay acuerdo, el Estado recurrirá al Constitucional. Eso paralizaría esta norma que el nuevo Consell ha heredado de Fabra, y dejaría como marco legal la ley estatal, que gusta aún menos en la cartera que dirige Rafael Climent.
Como ayer contó Levante-EMV, el Consell renuncia a la obligada revisión que se fijaba a los dos años para las zonas de gran afluencia turística que hubieran sido declaradas antes del decreto. No se trata, conviene aclarar, de las cinco zonas de Valencia, que están amparadas por la ley estatal, sino de otras en zona de veraneo.
Por otro lado, el decreto Buch permite declarar un área comercial como zona de gran afluencia turística cuando su «principal atractivo sea el turismo de compras». ¿Cómo se demuestra eso? Para gozar de libertad horaria y poder abrir domingos y festivos, la norma autonómica sólo pide «acreditar» un 40 % de «clientes» residentes a un mínimo de 100 kilómetros.
En Economía entienden que eso lo puede acreditar cualquier gran superficie de las afueras de una gran ciudad, sin que sea necesariamente una zona turística. «Es una trampa» para «liberalizar horarios por la puerta de atrás», sin fomentar el turismo, señalan.
En este sentido, la redacción de ese apartado que proponen a Madrid pasa por que la condición sea un número de «pernoctaciones» equivalente al 40 % del censo de la zona, lo que les daría la condición de turista, y no de mero cliente. De momento, el ministerio no ha transmitido su opinión respecto a las propuestas de la conselleria. A principios de diciembre expira su plazo para recurrir al Constitucional.
