El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha impuesto una fianza solidaria de 232,6 millones de euros a la cúpula del Banco de Valencia por los créditos presuntamente fraudulentos que la entidad, del grupo Bancaja, concedieron al Grupo Grand Coral entre los años 2005 y 2010 para sufragar sus inversiones inmobiliarias en el Caribe mexicano.
La medida pretende cubrir las responsabilidades civiles que se deriven del procedimiento, y deberá ser asegurada a partes iguales por el expresidente de Bancaja José Luis Olivas; el director internacional de Negocio de la entidad, Julián Dolz; el exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra; el exdirector general de Bancaja y expresidente del Banco de Valencia Aurelio Izquierdo y el exdirector general adjunto de la caja José Cortina.
El magistrado también impone una fianza solidaria de hasta 626,8 millones de euros a los empresarios José Salvador Baldó y Juan Vicente Ferri, cuyas empresas se beneficiaron de préstamos por esta cuantía en seis operaciones inmobiliarias que supusieron un quebranto de al menos 250 millones de dólares para las entidades financieras, según un informe del Banco de España, y de 246, según el FROB.
Los imputados tienen «un profundo conocimiento del mundo financiero internacional» que aconseja adoptar «las medidas necesarias para que no resulte ilusoria la ejecución definitiva de responsabilidades pecuniarias».
El juez explica que los correos intervenidos revelan el «malestar» de los directivos intermedios de Bancaja ante los «continuos excesos» que llevaban a cabo los empresarios investigados. Sin embargo, Olivas y sus directivos «no sólo no tomaron medida alguna sino que además consintieron en firmar nuevos acuerdos en perjuicio» de las entidades financieras y favoreciendo «los intereses particulares de los referidos empresarios».
Olivas, como «máximo dirigente» del BdV y Bancaja, intervino en la autorización de dos de los préstamos que se concedieron «con carácter urgente» al Grupo Grand Coral para comprar una finca denominada Vinoramas, en México. La Guardia Civil aportó datos de «numerosas irregularidades» observadas en estas operaciones y «la ausencia de control en el destino de los fondos en las inversiones».
A esta actuación «difícilmente explicable», según el auto, el juez instructor añade los viajes a Cuba pagados por los empresarios a los que acudieron Olivas y otros altos cargos de las entidades bancarias que «difícilmente podrían ser explicados como viajes de negocios».
Las resoluciones sostienen que existen contra los imputados «serios indicios» de que pudieron cometer los delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y administración desleal por su intervención en las operaciones llevadas a cabo en México por el grupo Grand Coral, en el que participaban las dos entidades bancarias.
En concreto, se analizan las operaciones Emerald, la adquisición y venta de las fincas Zacaton y Piedras Bolas, en la Baja California, y Vinorama en la Riviera Maya, así como las concesiones que se hicieron para refinanciar la deuda del grupo inmobiliario.
El juez señala que Ferri y Baldó, promotores de Grand Coral y en la cárcel desde el 1 de julio, y su socio Juan Poch, imputado en el procedimiento y pendiente de declarar por tener residencia en México, obtuvieron plusvalías de 140 millones con la venta de las fincas Zacatón y Piedras Bolas. Al mismo tiempo, crearon una estructura societaria «internacional» para «ocultar su identidad». En el ordenador de la secretaria de Ferri y Baldó se encontraron correos electrónicos en los que se envían justificantes de las transferencias efectuadas desde una sociedad instrumental denominada Consultoría Peninsular del Mayab a cuentas bancarias andorranas de las compañías Sumerville y Hinton, controladas por los empresarios.
