Los agentes de la policía judicial que investigan el presunto saqueo de fondos públicos del Instituto Tecnológico de la Óptica y la Imagen (Aido) han descubierto que un grupo de directivos cobraba entre 150.000 y 190.000 euros, según confirmaron a Levante-EMV fuentes cercanas al caso. El magistrado que instruye el procedimiento ha encargado sendos informes a la Intervención General del Estado y a la Intervención General de la Generalitat Valenciana para determinar la magnitud exacta del fraude. Los primeros indicios apuntan que el dinero supuestamente malversado supera los doce millones de euros.
El juez acaba de imputar a Aido como persona jurídica y ha ofrecido a la Generalitat Valenciana la personación como perjudicada. El instituto tecnológico cerró definitivamente sus puertas la semana pasada ahogado por la falta de liquidez y con casi toda cúpula directiva imputada por supuestas irregularidades en la justificación de ayudas.
La causa está abierta por estafa y fraude en subvenciones. El titular del juzgado de Instrucción número dos de Paterna mantiene imputadas a diecisiete personas, entre ellas al exdirector de Aido Emilio Pérez; al presidente, Rafael Ros; al subdirector; a dos consejeros; al anterior presidente; y a la mayoría de los jefes de línea. Los responsables de la entidad investigada mantienen que todo es «un problema administrativo».
Fuentes próximas a la investigación policial explicaron ayer que las pesquisas están en su fase inicial y que con toda seguridad el secreto de sumario se mantendrá durante los próximos meses para no entorpecer la instrucción. El juez citó a los imputados, que se acogieron a su derecho a no declarar porque no saben qué indicios hay contra ellos.
El Instituto Valenciano de Actividad Empresarial (Ivace), que depende de la Conselleria de Economía, denunció el caso tras descubrir presuntas irregularidades en la justificación de ayudas por importe de un millón de euros, aunque ahora se ha descubierto que el agujero es mucho mayor. Aido ha recibido fondos públicos por valor de 28 millones de euros desde 2005. La entidad tuvo acceso a esas ayudas por ser una entidad semiprivada y, sobre todo, por las empresas que están asociadas. El instituto solicitaba las subvenciones y luego las distribuía entre sus asociados.
La Generalitat Valenciana ha encargado una auditoría tras hallar indicios sólidos de que una buena parte de las ayudas que procedían de fondos europeos «no cumplieron su fin». La Conselleria de Economía está colaborando actívamente en la investigación y se ha negado a reunirse con los responsables de Aido. El juez no va a volver a citar a declarar a los imputados hasta que reciba los informes periciales que les ha encargado a la Intervención General del Estado y a la de la Generalitat Valenciana.
