16 de octubre de 2015
16.10.2015
Tribunales

Los sindicatos minoritarios recurrirán ante el TSJ la ley de participación institucional

Intersindical, SI, CSIF y USO consideran que el reglamento que desarrolla el texto vulnera sus derechos y libertades

16.10.2015 | 04:15

Los sindicatos minoritarios „Intersindical, Sindicato Independiente (SI), CSIF y USO„ han decidido presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana contra el reglamento que desarrolla la ley de participación institucional en cuanto el Consell apruebe ese texto, que, tal como publicó este diario ayer, se producirá hoy si no hay cambios de última hora.

La mencionada legislación, aprobada por las Corts el pasado abril, consagra, entre otras cuestiones, que los sindicatos mayoritarios „UGT y CC OO„ y la patronal autonómica Cierval se repartirán cada año 5,2 millones por los gastos ocasionados por participar en organismos públicos como el Servef o el CES. Los minoritarios han quedado excluidos y ayer emitieron un comunicado conjunto anunciando su recurso a los tribunales.

El secretario general del SI, Fermín Palacios, explicó a este diario que estos sindicatos no presentaron un recurso contra la ley porque «pensábamos que en el reglamento el Consell sería contemporizador con nosotros, pero no ha sido así». En efecto, el texto que se apruebe hoy apenas incluye cambios respecto al que los agentes sociales mayoritarios pactaron con el Gobierno del PP antes de las elecciones, pese a que la Conselleria de Economía, regida por Compromís, se planteó modificaciones para beneficiar a los minoritarios, singularmente a la Intersindical, próxima a la coalición política.

Según Palacios, el reglamento «vulnera nuestros derechos y libertades al discriminarnos de esa ley». En su opinión, «una cosa es que el Consell les pague los gastos de representación y otra muy distinta que les regale 2,6 millones a cada parte sin contrapartida ni justificación del gasto». En el comunicado, los cuatro sindicatos piden al Consell «que destine esos 5,2 millones a otras partidas presupuestarias, como las políticas sociales», e insisten en que la finalidad de ese dinero es financiar a UGT y CC OO, «que tienen problemas económicos».

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