La Generalitat logró ayer una victoria estéril en su larga batalla con el Ministerio de Hacienda a cuenta del impuesto sobre los depósitos bancarios. En una sentencia notificada ayer, el Tribunal Constitucional estima el recurso interpuesto por el Consell contra el artículo 124 de un Real Decreto Ley de 2014 del Gobierno central que establecía una tasa estatal del 0,03 % sobre los citados depósitos y cerraba el paso a las tasas establecidas por algunas autonomías, como la valenciana.

El alto tribunal declara la inconstitucionalidad y nulidad de dicho artículo porque asume el argumento de la Generalitat de que no cabía tramitarlo, como se hizo, con carácter de urgencia. Sin embargo, la sentencia no comporta ninguna consecuencia, ni positiva ni negativa, porque, a la postre, se mantiene el status quo, es decir, el Estado recauda un 0,03 % a nivel nacional y reparte la cantidad final entre las autonomías según su peso financiero, tal como confirmaron a este diario fuentes de la Delegación del Gobierno, cuyo titular, Juan Carlos Moragues, era el conseller de Hacienda cuando se interpuso el recurso.

La explicación es que el citado real decreto, fechado en julio de 2014, fue tramitado después como Ley en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Como este texto legislativo no ha sido anulado y sigue en vigor, el tipo estatal es el vigente. Además, el pasado 26 de mayo el Constitucional desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Asturias frente al mismo artículo 124 (en este caso de la Ley 18/2014), confirmando la constitucionalidad del tributo estatal. Tres meses antes, el mismo tribunal había anulado las tasas bancarias de la Comunitat Valenciana y Cataluña.

El Consell se sumó a finales de 2013 a las varias autonomías que pretendieron elevar sus ingresos con la creación de esa tasa. Aspiraba a 230 millones anuales, que al final han quedado reducidos a 32 con el impuesto al 0,03 % fijado por Hacienda. En realidad, llegó tarde. Su objetivo era equipararse a Andalucía, Canarias y Extremadura, que legislaron antes de que el Estado fijara en 2012 una primera tasa a tipo cero „luego, en 2014, la elevó para evitar que nadie pudiera aducir que un impuesto a tipo cero no es un gravamen„ y que, al tener leyes anteriores a la estatal, que impera sobre las autonómicas, son compensadas todos los años. Recibirán 274 millones por los 316 del resto.