Los sindicatos minoritarios no cesan en sus protestas por la ley de participación institucional, que, entre otras cuestiones, contempla repartir entre la patronal autonómica Cierval y UGT y CC OO 5,2 millones de euros anuales por su presencia activa en organismos de la administración como el Servef o el CES. La semana pasada, el Sindicato Independiente, CSIF, USO e Intersindical Valenciana anunciaron que recurrirán a la Justicia en cuanto el Consell apruebe el reglamento que desarrolla esa ley por haberlos excluido de la misma. El texto, que iba a ser aprobado el pasado viernes, está previsto que reciba el visto bueno hoy y ayer la Intersindical hizo público un comunicado en el que denuncia algunas de las prebendas que los agentes sociales mayoritarios van a recibir gracias al nuevo texto legislativo.
La nota pone de relieve que los artículos once y doce del reglamento especifican las compensaciones económicas y de los costes asociados a la participación que percibirán Cierval, UGT y CC OO y a la Intersindical le resultan «sorprendentes, cuando no llamativos» algunos como «los gastos de suministros energéticos y agua, material de oficina y papelería, seguros, alquileres y amortización de locales o equipos».
Una de las claves de la citada ley es que los agentes sociales perciban un dinero fijo anual por el trabajo que sus técnicos y directivos realizan para los diferentes organismos en los que participan sus organizaciones. De ahí que el reglamento, como recuerda el comunicado, incluya «el pago de indemnizaciones de las personas de las organizaciones sindicales y empresariales que pertenecen a los órganos de dirección que participan en actividades internas de coordinación relacionadas con la participación, los costes salariales y de seguridad social del personal de las organizaciones, indemnizaciones a las que se tenga derecho según los convenios o acuerdos colectivos vigentes del personal propio que tenga relación con el ejercicio de las actuaciones de la participación institucional, honorarios y costes de las auditorías de las cuentas auditadas y gastos de manutención y desplazamiento de personas expertas, ponentes o profesionales que intervengan en las actividades de participación».
Impugnación
La Conselleria de Economía, controlada por Compromís, una formación política próxima a la Intersindical, pretendió inicialmente modificar la ley para incluir a los minoritarios, pero finalmente tuvo que recular ante la evidencia de que se abstuvo cuando la legislación se aprobó en las Corts con el voto a favor de sus socios de gobierno, los socialistas. Pese a ello, la Intersindical insiste en su nota en su voluntad «de impugnar el decreto» que hoy aprobará el Consell y el reglamento.
