El Ayuntamiento de Quito (Ecuador) ha adjudicado al consorcio participado al 50 % por la española Acciona Infraestructuras y la brasileña Norberto Odebrecht la segunda fase de la línea 1 de metro por 1.400 millones de euros. La Generalitat Valenciana pactó en 2012 con el Ayuntamiento de Quito su participación en el proyecto, pero finalmente tuvo que renunciar por «problemas legales». El Consell presidido por Alberto Fabra iba a asesorar en la construcción a través de una UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por el Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat (GTP) y la empresa española Bustren, dedicada a la gestión y desarrollo de sistemas integrales de transportes.
Isabel Bonig, en aquel momento consellera de Infraestructuras, aseguró tras la firma del acuerdo con el alcalde de Quito, Augusto Barrera, que era un día «importantísimo» para la Comunitat Valenciana y para el Consell porque reflejaba las políticas que se habían llevado a cabo en infraestructuras. El alcalde de Quito aseguró durante la presentación del acuerdo: «La Generalitat cuenta desde hoy con un socio y un amigo leal porque para nosotros esto es muy importante».
Sin embargo, al final todo quedó como una gran oportunidad de negocio perdida. Ocho meses después de la firma del memorándum de colaboración entre la conselleria y el Ayuntamiento de Quito, la Generalitat terminó por reconocer que la empresa que debía crear para el asesoramiento nunca vio la luz por «problemas legales». El supuesto socio de la Generalitat en el proyecto fue más lejos y reveló que nunca existió un acuerdo oficial a pesar del anuncio del Consell. La presencia de la Generalitat en el proyecto podría haber impulsado la entrada de otras empresas con fábricas en la Comunitat Valenciana.
El contrato que ha ganado Acciona prevé un túnel de 22.072 metros de longitud con trece estaciones. Además, incluye la construcción de cocheras, talleres y las instalaciones ferroviarias necesarias para la puesta en marcha del suburbano. El plazo de ejecución previsto es de 36 meses para las obras más medio año para la integración de sistemas y puesta a punto. La línea 1 pretende mover a 400.000 personas durante su primer año de explotación.
