El rediseño de Feria Valencia avanza pero aún está lejos de ser una realidad. La Conselleria de Economía Sostenible que dirige Compromís mantiene su voluntad de que la empresa gestora que llevará el día a día de la institución tenga la mayor participación posible del sector público, pero esa pretensión se encuentra con diferentes trabas que hacen complicado dar con la fórmula posible. Uno de los obstáculos que enfrenta el grupo de trabajo creado para ese fin por la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia y la Feria afecta al consistorio de la capital, dueño de los terrenos donde se ubica la institución y de la concesión.

Fuentes del citado departamento del Consell aseguraron ayer a este diario que la ley de estabilidad financiera limita „o incluso impide directamente„ la participación del Ayuntamiento de Valencia en la creación de una empresa de esas características. «Tiene dificultades legales y estamos buscando fórmulas para ver cómo lo solucionamos», según explicaron las mencionadas fuentes.

La semana pasada se produjo una reunión del grupo de trabajo para la reforma ferial y en el transcurso de la misma el director general de Comercio, Natxo Costa, dio instrucciones a los técnicos jurídicos que la integran para que «profundicen en los tres escenarios que barajamos para ver cuál es su viabilidad y hasta dónde podemos llegar».

Las partes ya han pactado que la Feria se dividirá en dos empresas. Una será totalmente pública y asumirá la enorme deuda, los inmuebles y la concesión. La otra será la que gestione la institución y contribuya con sus beneficios a reducir la factura que ahora abona en exclusiva la Generalitat. Los escenarios citados afectan a esta última firma. Uno de ellos, el más querido por la Conselleria de Economía Sostenible, es que sea cien por cien pública. El otro es que se privatice totalmente mediante un concurso para el que ya hay operadores interesados. El tercero, que es mixto, incluye dos opciones: un porcentaje de participación pública alto que está por ver si superaría la mayoría de control, es decir, más del 50 %, o un porcentaje pequeño con una acción de oro que permita al sector público vetar ciertas cuestiones.

Subvencionar certámenes

Los tres o cuatro operadores que ya se han interesado por invertir en esa firma son favorables a la presencia de las administraciones, entre otros motivos porque ello facilitaría el desarrollo de los eventos que deberían organizar para elevar el negocio ferial. Pero las características de esos certámenes pueden ser motivo de discrepancia.

La Conselleria de economía pretende que Feria Valencia no celebre eventos que puedan tener rentabilidad económica, pero no social, como ha sucedido con la feria Outlet Valencia Stockcity!, cuya supresión a partir de 2016 ha pactado con la empresa organizadora. El Consell entiende que es un certamen que perjudica al comercio urbano. Por contra, Economía estudiará fórmulas para aportar dinero a ferias que carezcan de rentabilidad económica pero que sí lo tengan desde el punto de vista social.