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Tras el embargo de sus bienes

La patronal alicantina entra en preconcurso de acreedores

Coepa trata de ganar tiempo para llegar a un acuerdo con el IVF, que le reclama 4 millones de euros

La patronal alicantina no ha tardado ni una semana en reaccionar después de que el Instituto Valenciano de Finanzas reclamara por vía judicial el embargo de todos sus bienes y subvenciones por el impago del crédito de tres millones de euros que le concedió en 2006 para la construcción del centro de oficios y que, con los intereses, rozarían ahora los cuatro millones. Y eso a pesar de que sus máximos responsables aseguran que todavía no han recibido ninguna comunicación oficial al respecto. En una reunión extraordinaria celebrada ayer en IFA, la junta directiva de Coepa aprobó por unanimidad acogerse al artículo 5 bis de la Ley Concursal -lo que popularmente se conoce como preconcurso de acreedores- en un intento de paralizar los efectos de esta demanda y de ganar tiempo para lograr un acuerdo político que le permita salvar la situación.

Una solicitud que los asesores legales de la organización, pertenecientes el bufete de abogados de Garrigues, tienen previsto formalizar hoy ante los tribunales, según confirmó el propio presidente de Coepa, Moisés Jiménez. Una vez aceptado por el juzgado, la declaración de preconcurso otorgará a la patronal un plazo de cuatro meses para alcanzar un acuerdo con sus acreedores antes de entrar oficialmente en concurso.

La principal ventaja de esta decisión es que durante este periodo no se le podrá embargar ningún bien ni ningún fondo necesario para el desarrollo de su actividad, lo que, por ejemplo, le permitiría recibir las ayudas previstas para los agentes sociales en la nueva Ley de Participación Institucional, que prevén el reparto de hasta 2,6 millones de euros entre las organizaciones empresariales de la Comunitat. Los responsables de la organización señalan que los más beneficiados serían los trabajadores de la misma, que están a la espera de este dinero para cobrar las cuatro nóminas que ya se les adeudan. El principal objetivo es desplegar un «plan de acción» para recabar el máximo de apoyos políticos y convencer al Consell de la necesidad de llegar a una solución «política».

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