La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó ayer, a propuesta de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC), dirigirse a la Dirección de Justicia de la Generalitat Valenciana para que adopte diversas medidas de refuerzo para el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Nules que investiga el presunto fraude de los cursos de formación de la Confederación de Empresarios de Castelló.
El órgano de gobierno de los jueces solicita al Consell que adscriba al juzgado un gestor o un tramitador procesal y que dote al órgano judicial de un sistema de videograbación y de una máquina de escaneo de documentos con la suficiente capacidad para digitalizar causas extensas. Las medidas tienen como objetivo ayudar a la tramitación «de la manera más eficaz posible» de las Diligencias Previas 814/2015, en las que se investigan delitos contra la Hacienda Pública —en su modalidad de fraude de subvenciones— y de falsedad documental en relación con las subvenciones para planes de formación concedidas a organizaciones empresariales. La instrucción la dirige el juez Jacabo Pin Godos.
