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Empresas valencianas han participado en la mitad de los cárteles descubiertos

Los ciudadanos podrán reclamar en 2016 con más facilidad los perjuicios por casos de competencia

Empresas valencianas han participado en la mitad de los cárteles descubiertos

Empresas valencianas figuran como participantes en la mitad de los cárteles descubiertos en España entre 2011 y 2013 por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). Sectores tan dispares como los de palés, varios concesionarios de coches, residuos, industrias lácteas o gasolineras han recibido en ese período resoluciones condenatorias por parte de este organismo que vela por la limpieza en las relaciones entre las empresas y por que estas no formalicen pactos contrarios a los intereses de los ciudadanos, como por ejemplo un acuerdo sobre precios. La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) publicó recientemente el informe «Análisis forense de los cárteles descubiertos en España», que pone de relieve cómo los casos resueltos por los distintos organismos encargados de la competencia se han disparado desde que se inició la crisis. En 2010, además, la Comisión Nacional de Competencia emitió una resolución que acabó con una sanción de 43 millones a varias asociaciones relacionadas con el transporte de contenedores en el Puerto de Valencia por pactar precios.

Por otro lado, el pasado viernes se celebró en la Universitat de València una jornada sobre «Competencia y Daños» en la que el catedrático de Derecho Mercantil del citado centro formativo Juan Ignacio Ruiz Peris analizó la nueva directiva europea que España tiene que transponer antes de diciembre de 2016 por la que se facilitan las acciones judiciales de consumidores damnificados por la acción de los cárteles. Ruiz explicó a este diario que en el cartel de los concesionarios se llegó a pagar entre un 5 % y un 10 % más del valor de los automóviles por un pacto de las empresas. Estas fueron sancionadas, pero por una cantidad muy inferior a los cerca de mil millones de beneficio que obtuvieron. La nueva directiva trata de que esos «pactos no sean tan rentables», según Ruiz, y facilita los aspectos procesales y la cuantificación de las devoluciones, aunque no incluye acciones colectivas.

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