No es por amargar el optimismo económico generalizado previo a unas elecciones. Especialmente por parte de algunos. Pero no tenemos que olvidar que en esta larga caminata hacia la recuperación España va cargada con una mochila muchísimo más pesada de la que llevan otros países. Y no me refiero al paro.
Esta última semana, sin ir más lejos, se conocía que la deuda pública española en el tercer trimestre superaba tanto el billón de euros, como el 99 % del Producto Interior Bruto (PIB), cifras escalofriantes para una economía cogida „hablando grueso„ con las pinzas del bajo precio del petróleo y de unos tipos de interés por los suelos. Una mochila a la que en otro de sus bolsillos hay que meter la deuda privada y de las empresas, otros 1,9 billones de euros hasta mediados de este año.
Hay, no obstante, diferencias notables que ponen a cada uno en su lugar. El Estado, que predicaba la austeridad „mientras arremetía contra empresas y familias por su gasto desmedido antes de la crisis„ aumentaba su endeudamiento desde el 60 % del PIB en 2010 „649.259 millones de euros„ hasta más del 99 % éste año „más de un billón de euros„. Las familias y las empresas, sin embargo, lo reducían desde los 2,35 billones de 2010 hasta los 1,9 billones de 2015 „un recorte sin parangón en la Unión Europea„.
Un cambio de papeles radical que no estaría de más que explicara Cristóbal Montoro, guardián „para los demás„ de las esencias de la ortodoxia, con su espíritu socarrón. Sobre todo porque lo que nos está pasando ahora, eso de los intereses negativos „nos han llegado a pagar por colocar la deuda pública a un año esta última semana„ no es un caramelo eterno. Al igual que sucede con los precios del petróleo.
Los mercados, ya se sabe y ya los hemos sufrido, son cambiantes y sensibles. Cualquier soplo de inestabilidad, interna o externa, convierte en voluble la voluntad más férrea. Y motivos no faltan. Y además están a la vuelta de la esquina. La situación de Cataluña y las complicaciones en la formación de un futuro gobierno de España tras las elecciones de diciembre, pueden suponer unos cuantos puntos arriba de diferencia en la prima de riesgo.
Y esos puntos, trasladados al porcentaje de nuestra enorme deuda, pueden terminar traduciéndose en sobrecostes de centenares de millones de euros, e incluso miles, solo en el pago de los intereses. Un varapalo económico que se agudizaría en la Comunitat Valenciana, en donde los intereses de cerca de un 70 % de sus 40.000 millones de deuda los paga el Estado. Una situación que también tiene fecha de caducidad, puesto que el compromiso del 0 % de interés finaliza en 2017. E incluso antes si no se cumplen objetivos como el del déficit, un reto algo más que imposible según van las cuentas.
Un ejemplo muy sencillo. El Estado es como una familia antes de la crisis, que aprovechando los bajos tipos de interés se ha metido en una hipoteca que podía pagar holgadamente al principio, pero que cuando subió el euríbor y bajaron los sueldos pasó a ser inasumible. Y ya conocemos todos las consecuencias.
Y una definición aún más clara. «El endeudamiento público es, en la práctica, un anticipo de futuros de impuestos» dice Fernando Trias de Bes en su ensayo titulado El libro prohibido de la economía.
