Los huertos solares que Vicente Cotino impulsó en Villena a finales de la primera década del siglo XXI no han podido aguantar la crisis y el cambio de la regulación sobre energías renovables, en concreto la eliminación de las primas y otros apoyos económicos. Plansofol SL y otras 35 sociedades han solicitado el concurso para poder afrontar la deuda. Los acreedores tienen un mes para reclamar ante los administradores concursales que ha nombrado el juez de lo Mercantil número 1 de Valencia, Salvador Vilata: el despacho Broseta Abogados y Celestino Aparicio.
Plansofol y las otras 35 empresas con el mismo nombre pero con números consecutivos se crearon en los años 2006 y 2007, en pleno boom de las renovables con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero insuflando decenas de millones de euros en primas y desgravaciones. La entrada del PP en el Ejecutivo en 2011 asestó un gran golpe a la cuenta de resultados de estas firmas al suspender los incentivos a las renovables. La reducción de ingresos unida a la quiebra de otras firmas del grupo de la familia del exconseller y expresidente de las Corts Juan Cotino han coincidido con la solicitud del concurso.
Plansofol y sus filiales (Plansofol 1, 2, 3...) tienen su sede en la calle Camino de Silla sin número de Aldaia, el mismo domicilio social que Sedesa, y su propietaria es Inversiones Energéticas Alternativas, de Vicente Cotino. La mercantil tiene activos por valor de 21.483.911 euros. El balance de 2013 revela que facturó 1.829.278 euros y tuvo unas pérdidas de 533.880 euros. Las últimas cuentas presentadas recogen que la previsión de ventas en 2014 era de 1.829.272 euros.
Las licencias para operar en Villena las otorgó el gobierno municipal del PP en 2009 y se vio envuelto en una fuerte polémica con los Verdes, que en aquellos tiempos estaban en la oposición, porque fueron solicitadas 33 licencias para construir una central fotovoltaica de 100 kilovatios de potencia. Los ecologistas denunciaron ante la fiscalía que el hecho de crear este número de filiales se hizo para trocear el huerto solar y de esta manera no tener que solicitar el informe de impacto ambiental, que podría retrasar o impedir su desarrollo. El fiscal archivó la denuncia en octubre de 2010.
Los Verdes denunciaron que la tramitación del expediente de construcción se tramitó de manera exprés porque el día en el que se aprobó era el último en que estaba en vigor un decreto que marcaba un precio de la energía muy alto y que al día siguiente se consolidaba otra legislación que disminuía las retribuciones por kilovatio de una manera considerable.
