01 de diciembre de 2015
01.12.2015

La investigacion judicial detecta un desvío de 1,5 millones en una obra que adjudicó el expresidente

La contratación de la Autoridad Portuaria a la empresa contratista «incumplió la ley de contratos»

01.12.2015 | 04:15

La investigación que realizan el Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción han detectado el desvío de 1,5 millones de euros en una obra adjudicada a la empresa Cyes, durante la etapa de Rafael Aznar al frente de la Autoridad Portuaria de Valencia.
La irregularidad detectada por la investigación judicial afecta tanto a la tramitación del contrato como a la ejecución, según el dictamen pericial elaborado por un ingeniero de caminos, canales y puertos, que ya se ha incorporado a la causa abierta contra el ex director de la APV por malversación de caudales públicos y prevaricación. El desvío de 1,5 millones detectado por el perito judicial afecta a la demolición de un muelle (adjudicado por 3,5 millones de euros de forma directa, sin publicidad ni concurrencia) y la posterior ampliación de una terminal, que incluyó el «reflote de dos cajones tacón Ro-Ro» por 7,4 millones de euros en el Puerto de Valencia. Ambos contratos se adjudicaron al Grupo Cyes, que ha acaparado gran parte de las adjudicaciones del puerto de Valencia en los últimos años y que también tiene en nómina al hijo del ex presidente de la Autoridad Portuaria.

El informe elaborado por el perito judicial e incorporado a la causa contra Aznar también se ha remitido a la Autoridad Portuaria de Valencia y la Intervención General del Estado, donde ha causado conmoción el revelador dictamen, según fuentes próximas.
El titular del juzgado de instrucción número 14 de Valencia, Félix Blazquez ya decidió la semana pasada procesar al ex presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), dos directivos y el abogado del Estado de la entidad portuaria, que se enfrentan a una posible petición de pena de cinco años de cárcel, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, por cobrar dos sueldos públicos y realizar contrataciones, sin concurso público por valor de 297.767 euros, a través de la empresa pública Valencia Plataforma Intermodal y Logística (VPI).

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