La delicada situación económico del Instituto Tecnológico Asociación Industrial de la Óptica y la Imagen (Aido) en 2015 llevó a los directivos a maquillar las cuentas para lograr la financiación necesaria, según el informe de la UDEF (Unidad de delitos económicos y fiscales) de la Policía Nacional, al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Las cuentas ya no pintaban nada bien (de hecho Aido acabó cerrando) en el primer cuatrimestre de 2015 «que daba negativo y esto no se puede cambiar», según revela en un correo el director del instituto tecnológico e imputado en la causa, Emilio Pérez Picazo.

Por eso sugiere posibles cambios para decantar la balanza hacia un balance positivo. «Hacer el PYG (Pérdidas y Ganancias) positivo enmayo depende de la contabilización de ciertos ingresos, por ejemplo contabilizando la facturación de los proyectos PYME europeos».

Los directivos de Aido tantean a tres entidades bancarias para lograr financiación. En un correo electrónico dirigido a responsables de Bankia plantean una «operación de financiación» basado en un convenio «firmado por el conseller de Economía» que establecía una cantidad de 696.845,86 euros para el «Proyecto Promece» un «Plan de Actividades de carácter no económico del Instituto Tecnológico de Informática para 2014», del que se benefició Aido. La inversión en el proyecto se redujo a 492.516,16 euros por el Ivace (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial), una minoración en la inversión que los directivos de Aido llegaron a alegar para recibir la subvención completa. Aunque, como mínimo, confiaban en cobrar «un gasto de alquiler de láser de 4 Kw, por 74.000 euros, por no ser inversión que incrementará esa cantidad». El detalle, que revela el mismo Emilio Picazo en otro correo, es que este láser se adquirió «en contrato de alquiler con opción a compra, un hecho que invalidaba el ser subvencionado«, señala la Udef en su informe. Para resolver este «problema» el director de Aido no dudó en escribir al suministrador del láser para que rehiciera la factura y así poder cobrar por el aparato, a pesar de que no podía ser subvencionado.