El Tribunal General de la Unión Europea (UE) anuló ayer la decisión del Ejecutivo de Bruselas adoptada en 2013 „con el comisario Joaquín Almunia al frente de Competencia„ de declarar ilegal el sistema español de bonificaciones fiscales (conocido como tax lease) para los inversores en astilleros y que obligaba a España a recuperar estos apoyos. Esta decisión paralizó en seco los pedidos de Unión Naval Valencia y provocó, debido también a la competencia de los astilleros asiáticos, el desmantelamiento „entre otras instalaciones españolas, algunas de las cuales quedaron bajo mínimo en su carga de trabajo„ de la mercantil ubicada en el recinto del Grao y cuyo propietario es el naviero Vicente Boluda.
El armador valenciano llegó a fabricar en sus instalaciones más de una veintena de remolcadores durante sus últimos ejercicios de actividad fabril, tanto para la flota propia como para la de otros navieros. Sus últimas entregas fueron para Israel y el puerto de Amberes (Bélgica). El expediente de la Comisión Europea contra España por el citado sistema de tax lease se aprobó precisamente tras una denuncia de Holanda (secundada por otros seis países) tras un contrato conseguido por Unión Naval para la construcción de una flotilla de remolcadores para el citado puerto belga.
Régimen de ayudas
El caso de las ayudas se remonta a 2013, cuando Bruselas pidió a las autoridades españolas recuperar las ayudas «ilegales» concedidas a los astilleros bajo este sistema entre 2007 y 2011, tras concluir que el régimen de ayudas vulnera las normas de la UE en materia de ayudas públicas porque concedió una ventaja selectiva a sus beneficiarios con respecto a sus competidores. El presidente de Corporación Marítima Boluda, que en 2013 optó por aplicar un ERE para extinguir 81 puestos de trabajo, no quiso ayer pronunciarse sobre la decisión del Tribunal de la UE.
Unión Naval tuvo a principios de los años noventa 2.000 trabajadores. Ahora, con una plantilla mínima, se dedica a la reparación y tareas de mantenimiento de barcos, en su mayoría de la flota de Boluda Corporación. Con todo, no prevé abandonar la concesión del puerto, que expira en el año 2027. El astillero, en otros tiempos dedicado a la construcción de grandes embarcaciones y buques quimiqueros, estaba especializado en la fabricación de remolcadores durante estos últimos años.
El Ministerio de Industria aseguró ayer que hasta ahora no se habían exigido devoluciones concretas a los inversores en astilleros, a pesar de que la Comisión Europea había declarado ilegal este sistema de incentivos. Mientra tanto, la patronal Pymar estudia todas las posibilidades legales para que se reparen los daños y perjuicios causados. El sistema permitía que las empresas navieras adquirieran buques construidos por astilleros españoles con descuentos de entre un 20 % y un 30 % y provocaba así la pérdida de contratos de construcción naval para los denunciantes.
