19 de diciembre de 2015
19.12.2015
Tribunales

La juez da 24 horas a la excúpula de Abengoa para pagar fianzas de 15,9 millones

Les reclama la cantidad que percibieron por sus indemnizaciones y les atribuye administración desleal

19.12.2015 | 04:15

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha admitido a trámite la querella presentada por dos propietarios de bonos de Abengoa contra su expresidente Felipe Benjumea y su exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega y ha dado a ambos responsables un plazo de 24 horas para abonar fianzas por valor de los 15,9 millones de euros que cobraron de indemnización.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha admitido en un auto, dictado ayer con el informe favorable de la Fiscalía, la querella que atribuye delitos de administración desleal a Benjumea y Sánchez Ortega y considera a este último culpable de otro de uso de información privilegiada.

La magistrada ha requerido a la compañía andaluza que envíe la información relativa a los pagos de 11,48 millones efectuados a Benjumea y de 4,48 millones a Sánchez Ortega, a quienes ha apercibido de que si no entregan fianzas por sendos importes, procederá a la «adopción de medidas cautelares sobre sus bienes».

Lamela ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que le envíe información sobre tales pagos y sobre las operaciones de compraventa de acciones de Abengoa desde el 1 de agosto de 2015 efectuados por el fondo Blackrock, por el que fichó el ex consejero delegado.

Además, la jueza ha reclamado a la auditora Deloitte una copia de su último informe sobre las cuentas y resultados de la compañía de energías renovables, y ha dirigido un oficio al juzgado de lo Mercantil número 2 para que remita una de la solicitud de preconcurso de acreedores presentada por la multinacional.

En su auto, la magistrada justifica la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos en que han podido tener una «grave repercusión» en la economía nacional teniendo en cuenta las cantidades que se imputan a los querellados como «cobradas indebidamente», así como el «perjuicio patrimonial» ocasionado a una generalidad de personas en el territorio nacional.

Lamela ha dado un plazo de tres días a los querellantes, que adquirieron bonos por 103.970 euros, para que respondan si debe declarar compleja la causa.

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