El abono de una deuda de 20,1 millones a Bankia no se encuentra entre las prioridades del actual Consell. El Síndic de Comptes acaba de certificar que la Generalitat mantiene bloqueado ese pago, que se remonta a una operación impulsada en 2008. Por aquel entonces, el Ejecutivo de Francisco Camps promovió un plan de viabilidad para salvar la empresa ilicitana Kelme y facilitó una permuta. El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Bancaja (hoy Bankia) y la CAM (hoy Sabadell) accedieron a quedarse con 1,8 millones de metros cuadrados que poseía la firma de material deportivo en Alicante y ésta, por su parte, veía desaparecer la deuda que tenía contraída con las entidades.
Entente
Esa entente no fue sencilla. Sobre todo, porque Bancaja y la CAM sólo obtendrían beneficios si el Ayuntamiento de Alicante les permutaba posteriormente ese suelo por otro urbanizable. De ahí las reticencias iniciales de ambas. No obstante, la Generalitat se comprometió a adquirir sus participaciones en la empresa que se creó durante la operación (Desarrollos Urbanísticos Aguamarga) si la permuta con el Consistorio se torcía. Justo, como así ocurrió. La paralización del Plan General de Alicante, salpicado por posible corrupción, abortó ese cambio de parcelas.
Desde 2011, tanto Bankia como el Sabadell vienen reclamando al Consell que adquiera sus participaciones en la mercantil a través del IVF, tal y como se comprometió. Pero la Generalitat ha ido dando largas... hasta que en 2014 sí inició los trámites para saldar su deuda con Bankia. Pero ahora, con la entrada del nuevo Consell, ese pago está bloqueado porque los actuales inquilinos del Palau entienden que el Ejecutivo de Camps firmó el acuerdo con las dos cajas de ahorros de manera «irregular» y porque el tema está judicializado por una demanda de Bankia.
