La Abogacía de la Generalitat considera ilegal toda la operativa financiera que ha sostenido desde 2012 con fondos públicos el «Valencian Global Growth», una iniciativa privada que fue impulsada por el entonces conseller Máximo Buch para acelerar empresas. Así se desprende del informe al que ha tenido acceso este diario y que el actual director del IVF, Manuel Illueca, ha trasladado a la Fiscalía ante las irregularidades que describe.
El Valencian Global es un curso para empresas con vocación de llegar a un público global impulsado por dos consultoras: la valenciana Business Innovation SL, de José Vicente Pons, y la americana Entrepreneurship Ventures Inc, que aporta el reclamo del «modelo MIT» al estar liderada por Ken Morse, uno de los gurús mundiales del emprendimiento y fundador del Entrepreneurship Center del Instituto Tecnológico de Massachussets.
El conseller de Economía, Máximo Buch, se volcó con lo que en septiembre de 2012 se presentó como «el primer programa del nuevo modelo de ayudas de la Generalitat al emprendedurismo». La iniciativa contó con apoyo público a través de préstamos participativos a las empresas participantes. Las dos consultoras organizadoras firmaron convenios con el IVF, una relación heredada por el Ivace tras la segregación de competencias del instituto en 2013. Los convenios cuentan con la firma el propio Buch y del exsecretario autonómico de Economía, Fernando Díaz Requena.
La Generalitat ha concedido préstamos por valor de 4,5 millones a 31 firmas de base tecnológica a lo largo de las tres ediciones ya realizadas. Queda pendiente de desembolso unos 300.000 euros, según ha sabido este diario. Se trata de préstamos participativos en los que el IVF va liberando los fondos a medida que se desarrolla el programa de los cursos.
Ha sido precisamente la petición de los importes pendientes lo que ha hecho sospechar de estos convenios a la actual cúpula del IVF. Una sospecha que ha desembocado en un informe de la Abogacía y, derivado de él, un traslado de la información al fiscal. Y la Abogacía de la Generalitat cuestiona esta colaboración, que considera que «infringe manifiestamente» la ley de contratos del sector público.
No era la administración la que elegía a los beneficiarios de estos préstamos, sin garantías personales, con un largo periodo de carencia y cuya devolución estaba sujeta al éxito del programa. Es decir, que puede no devolverse. Son los propios organizadores los que eligen a los receptores de un dinero que revierte en su propio evento, según refiere el informe.
En palabras de la Abogacía, no se explica por qué «se ha decidido que esa financiación sea solo para participar en este programa que solo se organiza por esas empresas y no en otros programas», apunta. Y continúa: «Sin ningún procedimiento de concurrencia y publicidad, se encarga a Business Innovation y Entrepreneurship Ventures [organizadores], el proceso de selección y comprobación de que las empresas reúnen los requisitos para ser beneficiario». Un trabajo que se retribuye a los dos organizadores con una cantidad que no se explicita en el convenio, aunque en uno de los préstamos concedidos, «asciende a 14.324 euros, que se dice abonados por el IVF» a los dos organizadores, «en concepto de gastos derivados de la puesta en marcha del programa de aceleración». Eso «ya evidencia que nos encontramos ante un contrato de servicios oneroso», asegura la Abogacía.
Además, el informe advierte que la financiación concedida está destinada «en exclusiva» a participar en el programa que organizan solo las empresas que suscriben el convenio, que seleccionan a los beneficiarios y que en definitiva serán las beneficiarias finales de los importes». Todo por unos servicios prestados «sin ningún tipo de procedimiento de adjudicación previo sujeto a las reglas de concurrencia y publicidad».
«Daño y quebranto»: El IVF puede no cobrar
El informe, además de cuestionar la legalidad de los convenios, asegura que dadas las características del préstamo participativo (que se devuelve en función del cumplimiento de objetivos), puede darse que el IVF «nunca pudiese recuperar la financiación concedida a algunas de las prestatarias, con el consiguiente daño y quebrantopara la Hacienda Pública del IVF y por ende de la Generalitat».
