19 de enero de 2016
19.01.2016
Tribunales

El TSJ deja en el aire el futuro de 70.000 «collidors» tras la denuncia contra el empleo precario y las ETT

El juzgado admite a trámite la demanda de CC OO por el convenio que afecta a 400 almacenes de la C. Valenciana

19.01.2016 | 04:15
El TSJ deja en el aire el futuro de 70.000 «collidors» tras la denuncia contra el empleo precario y las ETT

La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) será la encargada de dirimir el largo y enconado conflicto laboral que enfrenta al sindicato Comisiones Obreras con la patronal citrícola (representada por el Comité de Gestión „empresas privadas„ y cooperativas agrarias) y UGT por el convenio de «collidors» de la Comunitat Valenciana, que aglutina a 70.000 trabajadores.

La demanda admitida a trámite por el TSJ considera «nulo» el acuerdo laboral para tres campañas sellado en mayo de 2015 por las citadas organizaciones empresariales y cooperativas, que defienden los intereses de 400 almacenes de agrios implantadas en la autonomía, junto con UGT y que está vigente, en principio, hasta agosto de 2018. Comisiones denuncia la «ilegalidad» de algunos artículos del convenio colectivo de «collidors» debido a la precariedad laboral en el sector, sobre todo a raiz del aumento de la contratación de personas a través de empresas de trabajo temporal (ETT), pues acaparan alrededor del 80 % de los contratos, según la Federación Agroalimentaria de CC OO-PV.

En ese sentido, Comisiones sostiene que «los rendimientos mínimos pactados para el salario a jornal son abusivos porque se aproximan a una actividad muy cercana a destajo [que se paga en función de la producción lograda]». Para obtener 50,7 euros al día un trabajador a destajo debe recolectar 480 kilogramos de mandarinas, o bien 772 Kg. de naranjas. Por otro lado, la central sindical demandante destaca las posibles irregularidades en la interpretaciones de los contratos de obra y servicio de los almacenes citrícolas, que en su mayoría gestionada a través de ETT, en lugar de optar por la contratación de personal fijo-discontinuo.

Economía sumergida

La economía sumergida se ha convertido en uno de los objetivos de la Conselleria de Economía y del Gobierno central en el campo. La Inspección de Trabajo ha propuesto una sanción de 400.000 euros más 160.000 de liquidaciones a la Seguridad Social a cuatro empresas por infracciones en las contrataciones de trabajadores en la campaña de 2014-2015 y está investigando con detenimiento a otras siete.

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