El ex director de la Autoridad Portuaria de Valencia, Ramón Gómez Ferrer, y el ingeniero responsable de supervisar las obras portuarias, Marcelo Burgos, declararán como «investigados» el próximo mes de febrero, en relación con el desvío de 1,5 millones de euros en una obra adjudicada durante la etapa del ex presidente, Rafael Aznar, según confirman fuentes de la investigación a Levante-EMV.
El Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción indagan sobre los detalles de esta obra, adjudicada a la empresa Cyes, en el seno de la pieza judicial principal abierta por las presuntas irregularidades de Aznar al frente de la APV.
La irregularidad detectada por la investigación afecta tanto a la tramitación del contrato como a la ejecución, según el dictamen pericial elaborado por un ingeniero de caminos, canales y puertos, incorporado a la causa abierta contra el ex presidente de la APV por malversación de caudales públicos y prevaricación. El desvío de 1,5 millones detectado por el perito judicial afecta a la demolición de un muelle (adjudicado por 3,5 millones de euros de forma directa, sin publicidad ni concurrencia) y la posterior ampliación de una terminal, que incluyó el «reflote de dos cajones tacón Ro-Ro» por 7,4 millones de euros en el Puerto de Valencia. La defensa de Rafael Aznar ha solicitado al juzgado la aclaración de este informe, mediante una batería de preguntas que el juez declaró improcedente, o mediante la comparecencia del ingeniero perito.
