Un informe policial entregado al juez que investiga el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante constata que el empresario Enrique Ortiz obtuvo importantes ventajas económicas en sus negocios inmobiliarios conjuntos con la antigua Bancaja mientras que ésta asumió importantes riesgos bancarios.
El documento de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional resume el informe elaborado por la consultara KPMG Asesores SL a petición de Bankia, sociedad que absorbió a la antigua caja de ahorros valenciana.
Bancaja Hábitat, participada por Bancaja, y Cívica, una de las mercantiles de Ortiz, compartían la propiedad de una sociedad de inversión inmobiliaria, Urbanika (antes denominada Deproinmed), que compró miles de metros cuadrados de suelo para obtener plusvalías con la aprobación del PGOU alicantino.
Este informe policial es una de las últimas diligencias que restan por practicar en el marco de la investigación del PGOU, una pieza derivada del caso Brugal en la que figuran más de una veintena de personas imputadas, entre ellas, el propio Ortiz y los exalcaldes Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi (PP).
En él, los agentes han concluido que el impacto económico de las operaciones llevadas a cabo por Urbanika resultó «claramente ventajoso» para Cívica, la firma de Ortiz que participaba en esa sociedad, «en relación al grupo Bankia», para las que las operaciones resultaban de «dudosa racionalidad económica». Según los investigadores, la primera obtuvo con su colaboración activos por 180 millones de euros que le ha «permitido reducir su deuda bancaria con Bancaja en 104.928.000 euros» y se hizo con un 38 % de Urbanika tras aportar bienes por importe de 18,2 millones que ahora se han revalorizado hasta los 98,6 millones.
