El Consell reduce su partipación en la SGR para que su agujero no compute como deuda pública

La Intervención trasladó al Consell su decisión, con efectos a partir del 1 de enero, a finales del pasado diciembre. La noticia cayó como una bomba en el Gobierno valenciano por las implicaciones que conllevaba. Además del incremento en el endeudamiento autonómico en una cantidad más que respetable que engrosaría la ya disparada deuda valenciana, la medida comportaba que, al incumplir la Generalitat el objetivo de déficit público, a partir del 1 de enero cada vez que la SGR diera un aval había que pedir autorización al Consejo de Ministros. Asimimo, conforme la sociedad fuese incrementando su deuda por avales fallidos, la Administración autonómica se vería en la obligación de detraer esas cantidades de otros organismos públicos bajo su órbita para cuadrar las cuentas. Por último, cualquier incumplimiento en el pasivo de la SGR se convertiría de inmediato en un default de la Generalitat y del Reino de España.

En resumen, un quebradero de cabeza de consideración para un Consell ya atenazado por las dificultades financieras. Paralelamente, el Banco de España comunicó a la Generalitat que ya había incorporado a su seno a la SGR y pidió información sobre la deuda de la sociedad avalista.

Tras consultar con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y a pesar de que la Intervención autonómica no veía posibilidades de un cambio de posición en su homóloga del Estado, el director general del IVF, Manuel Illueca, se trasladó a Madrid para negociar directamente. Allí le informaron que la participación conjunta de la Generalitat, el propio instituto y Bankia (controlada por el Estado) sumaba un 56 %, que el ámbito territorial de la SGR era exclusivamente valenciano y que el aval de 200 millones y otro de reafinanciamiento de 80 millones para la recapitalización que evitó la quiebra de la SGR firmados por la Generalitat implicaban que la financiación pública era superior a la privada en la entidad y, en consecuencia, esta formaba parte de la Administración valenciana.

Tras una larga y tensa reunión, según las fuentes consultadas, Illueca consiguió que la Intervención del Estado variara su posición inicial, no sin establecer una serie de condiciones. Finalmente, el acuerdo implica la citada reducción del capital público al 40 %, cuyo coste correrá a cargo del IVF, que en la operación sufrirá unas pérdidas de cinco millones de euros, ya que los 16 puntos de rebaja se aplicarán a cambio de su participación. Ese capital irá al fondo de provisiones técnicas, con lo que se solucionan las reticencias sobre la solvencia de la SGR suscitadas en el Banco de España y el consejo de la avalista, que recientemente fue sancionado por el supervisor precisamente por incumplir los ratios de capital. Asimismo, se modificarán los estatutos de la sociedad para establecer que la Generalitat nunca tendrá más del 40 % del capital.

La reducción en el accionariado irá acompañada de un recorte de la presencia pública en el consejo de la SGR de tres a una persona. Ahora hay nueve miembros y, tras la reforma, serán cinco: un vocal por cada provincia que no necesariamente tiene que ser empresario, un independiente (Íñigo Parra) y el propio Illueca. El acuerdo, que está pendiente de la ratificación la semana que viene por el consejo del IVF, implica, como explicaron las fuentes consultadas, salvar un match ball. La viabilidad y continuidad de la SGR dependerá de que la operación de venta de los activos tóxicos que acoge la entidad sea un éxito y se recupere la mayor cantidad posible de dinero „el Consell espera unos 160 millones„ para reducir la deuda con los bancos y que estos vuelvan a prestar a la sociedad para que reinicie su actividad con normalidad.