07 de febrero de 2016
07.02.2016
Balance

El aval de 200 millones del PP a la SGR en 2013 dispara el déficit de 2015 al 2,5 %

La última herencia de Fabra a Puig eleva la necesidad de financiación extra del FLA a 1.800 millones

07.02.2016 | 04:15

El match ball salvado por el Instituto Valenciana de Finanzas (IVF), después de que el Estado quisiera convertir a la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) en parte de la Generalitat y, por tanto, incorporar sus 400 millones de deuda al conjunto autonómico, no ha salido del todo gratis.

Por el camino, mientras el Banco de España estudiaba la participación de la Generalitat en la entidad avalista (SGR), de la que participa al 56%, el BdE se ha percatado de que el rescate que realizó el Consell del PP hace dos años a través de un aval de 200 millones debe computar como deuda pública. La Conselleria de Hacienda se ha visto obligada a incorporarlo al déficit de 2015. El aval firmado entonces por los consellers de Hacienda, Juan Carlos Moragues, y Economía, Máximo Buch, se planeó como una reestructuración para sanear la SGR. Aquella decisión se convierte hoy en dos décimas más de números rojos.

En principio, la medida no tiene por qué tener grandes consecuencias para la Generalitat. Según las últimas previsiones, y como ya ha dejado caer el conseller Hacienda, Vicent Soler, la Comunitat Valenciana preveía cerrar 2015 con una desviación de entre 2,2% ó 2,3%, frente al objetivo marcado del 0,7%. Ahora, con esta última sorpresa heredada del PP, el déficit se disparará hasta el 2,5%, aproximadamente, unos 1.800 millones por encima de lo permitido.

Ese dinero será el que tenga que cubrir el Estado a través del FLA extraordinario durante este año, a un interés del 0,8%. Un año atrás, el FLA extraordinario para cubrir el déficit de 2014 no llegó hasta pocos días antes de las elecciones del pasado 20 de diciembre.

Como contó ayer este diario, la Intervención General de la Administración del Estado (Igae) trasladó a finales del pasado diciembre su decisión de incluir la SGR en el sector público valenciano y, por tanto, trasladar sus 400 millones al pasivo de la Generalitat. Una decisión que ha conseguido abortar el IVF con una reducción de su participación en la entidad del 56% al 40% (con un coste de cinco millones), así como una rebaja de la presencia pública en el consejo de la SGR de tres a una persona.

La discreta visita de Soler a Madrid
Los responsables de la Conselleria de Hacienda se han volcado en la resolución de la crisis. Primero fue el director del IVF, Manuel Illueca, quien viajó a Madrid en vísperas de Sant Vicent Mártir para negociar directamente una solución con los técnicos de Igae y el Banco de España.
También el conseller Vicent Soler viajó esta semana a Madrid, donde según parece se reunió con el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, para dar el empujón definitivo y sellar la solución. De no haberse resuelto, la «nacionalización» de la SGR la condenaba al control del Consejo de Ministros.

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