11 de febrero de 2016
11.02.2016

El fiscal acusa a la cúpula de la CAM del falseo de las cuentas pero exculpa a Modesto Crepo

Anticorrupción reclama más de 7 años para los dos últimos directores generales y dos directores de la caja por la manipulación contable y el cobro indebido

11.02.2016 | 04:15
El fiscal acusa a la cúpula de la CAM del falseo de las cuentas pero exculpa a Modesto Crepo

La Fiscalía Anticorrupción considera que los dos últimos directores generales de la CAM, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, y los directores de Planificación y Control e Inversiones y Riesgos, Teófilo Sogorb y Francisco Martínez respectivamente, son los responsables de la falsedad de las cuentas de la CAM por la que se declararon beneficios cuando la entidad arrastraba perdidas que superaban los mil millones. Unos hechos, acotados entre 2010 y el primer semestre de 2011, en los que no ha quedado probada la participación de quien fuera el último presidente de la entidad, el empresario ilicitano Modesto Crespo, para quien se solicita el sobreseimiento de las actuaciones.

Así lo recoge el escrito presentado anteayer por el fiscal Luis Rodríguez Sol en el marco de la considerada pieza principal de las abiertas por la gestión de la caja. Unas conclusiones provisionales en las que el acusador público atribuye la condición de cómplices a los otros tres procesados en esta causa: Juan Luis Sabater, director de Financiación y Gestión de Liquidez; Salvador Ochoa, director general de Información Financiera; y Vicente Soriano, director general de Recursos, este último sólo en relación al presunto cobro indebido de retribuciones por parte del comité de dirección, el otro asunto que se dirime en este proceso junto a la falsedad contable.

El acusador público atribuye a los acusados, bien como autores o como cómplices, los delitos apropiación indebida o, alternativamente, de estafa o administración desleal. En el caso de López Abad, Amorós, Sogorb y Martínez solicita penas que superan los siete años de prisión mientras que para Sabater y Ochoa reclama en torno de los 14 meses. Para Soriano pide un año. Además, cifra el quebranto económico en 70 millones.

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