La Fiscalía ha incoado diligencias de investigación penal para investigar los préstamos concedidos por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y el Ivace durante el mandato del exconseller de Economía, Máximo Buch, a los participantes de tres ediciones del Valencian Global Growth. Unos cursos de aceleración de empresas organizados por las firmas Bussines Innovation, de José Vicente Pons, y Entrepreneurship Venture. En total son una treintena de créditos de hasta 180.000 euros financiados con dinero público y que la Abogacía de la Generalitat considera ilegales. Las Corts también indagarán en los programas de este plan de la Generalitat del PP.

La investigación nace tras presentar los nuevos gestores del IVF una denuncia ante la Fiscalía al entender que esos préstamos debían haberse concedido por concurso público. Sin embargo, el IVF de Buch firmó un convenio con los organizadores del Valencian Global para financiar a las empresas participantes en los cursos. Según figura en el convenio, eran los organizadores quienes seleccionaron a las empresas que posteriormente recibieron el apoyo público. En total han sido 4,5 millones de euros los aportados a estas firmas para participar en unos cursos que seguían el modelo Massachusetts Institute de Boston. Precisamente, Ken Morse, uno de los gurús del MIT era el reclamo para estos cursos.

Del dinero prestado, en estos momentos, ya existen 170.000 euros impagados. Básicamente correspondientes a intereses. Hay una decena de empresas que ya son morosas y que acumulan un riesgo para el IVF de un millón y medio de euros. Algunas de las firmas que recibieron créditos han quebrado.

La Abogacía de la Generalitat considera ilegal toda la operativa financiera que ha sostenido desde 2012 con fondos públicos el Valencian Global Growth. Fue precisamente la petición de los importes pendientes lo que hizo sospechar de estos convenios a la actual cúpula del IVF liderada por Manuel Illueca, que ya ha sido citado a las Corts para ayudar a aclarar la situación.

Esta sospecha desembocó en el informe de la Abogacía y, derivado de él, un traslado de la información al fiscal. La Abogacía cuestiona esta colaboración, que considera que «infringe manifiestamente» la ley de contratos públicos. No era la administración autonómica la que elegía a los beneficiarios de estos préstamos, sin garantías personales, con un largo periodo de carencia y cuya devolución estaba sujeta al éxito del programa. Es decir, que puede no devolverse. Son los propios organizadores los que seleccionaban a los receptores de un dinero que revertía en su propio evento.

Máximo Buch, se volcó con lo que en septiembre de 2012 se presentó como «el primer programa del nuevo modelo de ayudas de la Generalitat al emprendedurismo».