Más de 5.500 valencianos han perdido sus ahorros por el pinchazo de la burbuja de las plantas fotovoltaicas, según confirmó Lluís Calatayud, delegado de Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier). Miles de familias valencianas invirtieron hace una década sus ahorros o se endeudaron para tener pequeños huertos solares como si fueran planes de pensiones por las ayudas del Gobierno. La retirada de las subvenciones ha hundido a las familias, que se embarcaron en negocios ruinosos.
El estallido de la burbuja de la energía solar también ha puesto contra las cuerdas a gigantes empresariales como Abengoa o empresas valencianas como Planfosol (de la familia Cotino), que hace unas semanas pidió la suspensión de pagos. Los fondos buitre se están lanzado sobre este tipo de empresas.
La burbuja fotovoltaica se formó en España entre 2007 y 2008, y resultó de la combinación de una regulación fallida que alentó la especulación. El Ministerio de Industria del primer Gobierno de Zapatero lanzó en 2007 el real decreto 661/2007 que buscaba cumplir los objetivos marcados por la Unión Europea para aumentar el peso de las renovables. El Gobierno ofreció un incentivo de 442 euros por megavatio producido durante treinta años para alcanzar el objetivo de instalar 371 megavatios de potencia. El problema es que se generó una gran burbuja que contribuyó a disparar el llamado déficit tarifario. Zapatero tomó en ese momento medidas para reducir las ayudas comprometidas y el PP agravó la situación al sustituir el régimen de subvenciones por una retribución sobre el 7% de la inversión en virtud de «una rentabilidad razonable».
En la Comunitat Valenciana hay trescientas empresas especializadas en energía solar que dan trabajo a 6.500 personas. Las firmas valencianas tienen 5.616 instalaciones fotovoltaicas que producen 350 megavatios.
Los cambios normativos han provocado un parón en las instalaciones de placas fotovoltaicas. En 2014 solo se instalaron en la Comunitat Valenciana 0,15 megavatios de energía fotovoltaica. Lluís Calatayud lamentó que los inversores confiaban en las subvenciones del Estado y ahora han perdido la confianza en la Administración central. El Consell trata ahora de reactivar el sector con nuevas ayudas.
