La batalla jurídica de los horarios tiene difícil arreglo. Se solapa normativa estatal, autonómica y unos municipios que son, en última instancia, los que tienen capacidad para delimitar zonas de gran afluencia turística. Esas son las áreas donde se da libertad horaria al comercio. Además, la ley estatal obliga a las grandes ciudades a tener al menos una de estas zonas, aunque no quieran. Y para rizar el rizo, las decisiones de una ciudad afectan al comercio de la ciudad vecnia. Sobre este espeso follaje jurídico se dirime la batalla entre el gran comercio y los programas políticos que se vive en la C. Valenciana.
