La Fiscalía no ve delito en la actuación de los antiguos responsables del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y la Conselleria de Economía en tiempos de Máximo Buch en relación con los préstamos concedidos a los participantes de los cursos Valencian Global Growth. Se trata de unos cursos de aceleración de empresas celebrados durante tres ediciones a partir de 2012, siguiendo el modelo del MIT de Boston y organizados por dos empresas: la valenciana Bussiness Innovation y la americana Entrepeneurship Ventures, del gurú del emprendimiento Ken Morse.
La actual dirección del IVF llevó a la Fiscalía estos cursos tras un informe de la Abogacía de la Generalitat que considera que el apoyo público a estos cursos infringía la ley de contratos. A lo largo de tres ediciones el IVF e Ivace prestaron 4,5 millones a través de créditos a 31 empresas.
Fueron préstamos de hasta 180.000 euros concedidos sin publicidad ni libre concurrencia, recuerda el informe de la Abogacía. Según los convenios firmados entre los organizadores y el IVF, las empresas que montaban el Valencian Global preseleccionaban a los participantes y la concesión del préstamo quedaba a decisión del instituto público.
Según la Fiscalía, que acaba de archivar la denuncia, para que exista delito no basta con que la actuación sea contraria a derecho: la ilegalidad tiene que ser patente, flagrante y clamorosa, apunta el Ministerio Público. Del mismo modo, el fiscal asegura que los convenios no tienen carácter oneroso para la administración.
La Abogacía detectó problemas
Como viene contando este diario, el IVF decidió hace unos meses cortar la financiación a estos cursos tras detectar algunos impagos en los primeros plazos de la devolución. La Abogacía señaló que el IVF debía abonar el dinero comprometido en la tercera edición, pero la institución decidió no renovar el convenio para una cuarta.
Hasta la fecha se han producido impagos por valor de 170.000 euros, por una decena de empresas que tienen comprometidos un millón y medio de euros, con lo que la morosidad puede aumentar. Como ha publicado este diario, varias de las empresas han caído en concurso y la mayoría de las que recibieron financiación del IVF no habían obtenido informes favorables de los técnicos de la casa. En cualquier caso, la Fiscalía no entiende que la operativa infrinja la legalidad.
