Las grandes empresas valencianas son optimistas ante el escenario económico que se avizora en este 2016. Dejada atrás la crisis, ocho de cada diez miembros de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) creen que 2016 será igual o mejor que 2015 en términos económicos. La mejor prueba de ello es que un 73 % de los socios de la organización incrementará el empleo este año, un 87 % elevará su facturación y un 76 % aumentará el grado de internacionalización de su empresa, según la encuesta que ha realizado AVE entre sus afiliados de cara a la asamblea general celebrada ayer, a la que fueron invitados los principales dirigentes políticos, económicos y universitarios de la autonomía.

La perspectiva de bonanza económica, si bien «ligeramente inferior a la del año pasado» y mediatizada por la incertidumbre a nivel global, contrasta con la coyuntura política, a la que los grandes empresarios valencianos siguen sin poner buena nota tanto en España como en la Comunitat Valenciana. De hecho, las dos mayores preocupaciones expresadas por los consultados son la inestabilidad gubernamental y la potencial desmembración de España. En la presentación de estos resultados, al presidente de AVE, Vicente Boluda, se le preguntó sobre la opinión de la organización ante el debate de investidura de hoy en la persona del socialista Pedro Sánchez. El naviero contestó que a los socios de AVE «nos da igual que el Gobierno sea de centro derecha o de centro izquierda, lo que queremos es un gobierno que gobierne de verdad, que no sea utópico pidiendo y haciendo cosas que no son realizables».

Previamente, Boluda había destacado algunos de los retos que debe afrontar el nuevo Ejecutivo. Además de trabajar por la competitividad del país, regenerar las instituciones y hacer sostenible el Estado de bienestar, defendió un fortalecimiento de la convivencia territorial que debe incluir la actualización del modelo de financiación autonómica, dejar de lado la inversión en infraestructuras de carácter radial „es decir, que todo pase por Madrid„, solucionar el déficit hídrico y descentralizar algunas de las instituciones del Estado fuera de la capital. «¿Por qué el Tribunal Constitucional no puede estar en Castelló o Salamanca? ¿Qué hace Puertos del Estado en Madrid, donde no ven ni una gota de agua?», se preguntó el dirigente empresarial.