La Generalitat Valenciana recaudó el año pasado 298.831 euros del impuesto de transmisiones patrimoniales a los inquilinos frente a los 6,4 millones de euros de Cataluña. El impuesto, desconocido para la mayoría de los ciudadanos, grava a los inquilinos que alquilan una vivienda. Este tributo está generando polémica a nivel nacional porque la comunidad de Madrid y la de Asturias están aumentando los controles para incrementar su recaudación como ya hace Cataluña. El Consell, de momento, no se lo plantea.
El impuesto de transmisiones patrimoniales del alquiler existe en España desde 1993. La legislación tributaria considera el derecho de uso de una vivienda de alquiler como «una adquisición onerosa» y por tanto hay que abonar esa transmisión. El monto a pagar se obtiene aplicando sobre la base liquidable (la renta a pagar durante toda la vida del contrato) un porcentaje que decide cada comunidad autónoma y que ronda entre el 0,3 y 0,5%. Por ejemplo, si un inquilino paga 400 euros de alquiler durante tres años el tributo es de 43,2 euros. El impuesto solo es válido para inmuebles que se alquilan para vivir por tanto no se aplica a los locales o a las viviendas destinadas a uso comercial que pagan el IVA.
Caída de la recaudación
En la Comunitat Valenciana la recaudación ha caído casi a la mitad en los últimos seis años al pasar de 400.117 euros en 2010 a 238.831 euros en 2015. La Generalitat Valenciana va a mantener el impuesto aunque va a ser examinado como el resto de tributos en la reforma fiscal que prepara el Consell.
La Conselleria de Hacienda de Cataluña, que ahora dirige Oriol Junqueras, ha elevado la recaudación de este impuesto en los últimos años. Cataluña modificó en 2104 la ley que regulaba el tributo y desde entonces ha pasado de cobrar 482.000 euros en 2013 a 2,8 millones en 2014 y a 6,4 millones el año pasado. El ritmo de recaudación es diametralmente opuesto al de la Comunitat Valenciana.
En los últimos seis años, la Conselleria de Hacienda ha cobrado el tributo a 45.441 inquilinos valencianos. El número de autoliquidaciones se mantiene estable entre las 7.779 de 2010 y las 7.901 del año pasado. La tasa se calcula según un porcentaje del precio alquiler, que en los últimos seis años ha caído con fuerza en la C. Valenciana por culpa de la crisis económica.
En Cataluña ha aumentado exponencialmente la recaudación porque se han incrementado los controles. En el año 2013 solo abonaron el impuesto 7.000 personas y el año pasado lo pagaron más de 64.000 euros.
La Consejería de Hacienda de Madrid también ha redoblado el esfuerzo para evitar el fraude fiscal. En los últimos meses ha pasado de revisar el 50% de las declaraciones de tributos autonómicos (sucesiones, donaciones, actos jurídicos y transmisiones patrimoniales) a comprobar el 100%. De momento, la Generalitat Valenciana no va a hacer exámenes tan exhaustivos como Madrid.
