Los peores temores de los dirigentes empresariales valencianos se confirmaron ayer durante el comité ejecutivo de la patronal autonómica Cierval: el informe encargado a la consultora Grant Thornton concluye que si la alicantina Coepa entra en concurso de acreedores este viernes, tal como se espera, arrastrará al mismo destino a la Cierval, ya que esta no dispone de capacidad financiera y el impago de la abultada deuda que la alicantina tiene contraída con ella la abocaría también a la suspensión de pagos. Coepa presentó el preconcurso el 11 de noviembre del año pasado al no poder hacer frente a sus deudas, singularmente el crédito de tres millones otorgado por el Instituto Valenciano de Finanzas para construir un centro de formación.

El informe, que incide en que existe corresponsabilidad de todas las organizaciones de la autonómica, afirma, según las fuentes consultadas, que la única vía para que Cierval evite la suspensión de pagos pasa por que la provincial de Valencia CEV, que es la única con músculo financiero, decida rescatar a la autonómica. La Confederación Empresarial Valenciana ha convocado para este jueves una reunión de su comité ejecutivo para analizar los resultados del informe y decidir qué postura adopta.

El panorama no es muy alentador. No solo Coepa está con la soga al cuello. La castellonense CEC se encuentra igual de mal, si cabe, como consecuencia de las irregularidades detectadas en su gestión de los cursos de formación. Las fuentes consultadas afirman que tiene 1,5 millones de euros en un contencioso-administrativo con la Generalitat. Si le obligan a devolverlo, iría a la quiebra. Pero además ambas tienen un problema de déficit estructural: no generan ingresos suficientes para abonar sus cuotas a Cierval, lo que deja a esta en la penuria. Coepa le adeuda 470.000 euros y la CEC, unos 250.000. Esto quiere decir que, aunque saldaran sus deudas externas, cada año, sin una reconversión interna, seguirían generando déficit y mermando los ingresos de la autonómica, entre otros motivos porque, a diferencia de lo que creyeron inicialmente, la ley de participación institucional no les garantiza una financiación alternativa suficiente, dado que la administración obliga a justificar el dinero en función de los gastos. El margen que queda es estrecho.

Así que el dilema de la CEV es de calado. Tiene la opción de no hacerse cargo de la deuda y que Cierval incurra en concurso de acreedores por los impagos de Coepa ahora y, eventualmente, de la CEC después (los tres millones del crédito del IVF correrían a cargo de este instituto). Las diversas fuentes consultadas coinciden en que la autonómica podría superar la antigua suspensión de pagos, pero los problemas seguirían sin resolverse por las dificultades para generar ingresos de Alicante y Castelló, lo que obligaría a la CEV a contribuir con más dinero y, en consecuencia, a ganar peso en la autonómica. La otra posibilidad es la de hacerse cargo de la deuda y evitar el concurso de Cierval, lo que conllevaría cobrar la factura en la forma de una toma absoluta de control de la autonómica.

En el fondo, ambas opciones conllevan el predominio de Valencia. Ahora bien, las fuentes consultadas apuntan que una de las fórmulas a aplicar sería la disolución de las provinciales en el seno de Cierval al tiempo que se le da protagonismo a las sectoriales. Todo depende de qué suceda el viernes con Coepa. En función de cómo se afronte este problema se verá cómo se configura el nuevo modelo al que Cierval se va a ver abocada sí o sí.