El Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castelló, la empresa instrumental de la Confederación de Empresarios de Castelló (CEC) para realizar cursos de formación con dinero público, no ha presentado sus cuentas en el registro mercantil desde hace 17 años, según ha confirmado Levante-EMV. La entidad tiene dos embargos por impagos de la Agencia Tributaria y otros dos del Ayuntamiento de Castelló. Esta firma está siendo investigada por el juzgado de Instrucción número 1 de Nules por presuntamente haber falsificado facturas y haber cometido un delito de fraude en subvenciones.
El actual secretario general de la patronal castellonense y exnúmero dos de Cierval, Rafael Montero, es el consejero delegado del Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castelló, mientras que el presidente de la CEC, José Roca, es su cara visible. Como contó ayer este periódico, esta entidad de cursos habría falsificado presuntamente facturas para cobrar más de 120.000 euros en ayudas a la formación que nunca justificó ante la administración autonómica. El juez que investiga un fraude en las ayudas a la formación de la CEC por valor de más de 600.000 euros indaga ahora en esta entidad que depende directamente de la patronal castellonense.
De hecho, el Servef ha elaborado un demoledor informe sobre estas subvenciones porque lleva más de dos años reclamando la justificación y la devolución del dinero recibido. Con los intereses de demora, el fraude supera los 140.000 euros y, en caso de que la CEC no pagara debería ser la autonómica Cierval la que corriera con los gastos.
El Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castelló fue constituido el 23 de febrero de 1995, cuando Roca y Montero ya estaban al frente de la patronal castellonense. La entidad tiene en su objeto social la «educación secundaria técnica y profesional» y asegura que dispone de cinco trabajadores. Este periódico ha podido confirmar que la entidad tuvo hasta cuatro embargos, dos de la Agencia Tributaria, en 2010 y 2012, y otros dos del Ayuntamiento de Castelló, en 2011 y 2013. Se entiende que estas actuaciones judiciales fueron por el impago de impuestos municipales y cargas laborales.
La firma presentó sus últimas cuentas en el año 1999. Antes había entregado sus números en el registro, pero desde ese año no cumplió con este requisito legal.
