El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado la concesión a la empresa público-privada liderada por Aigües de Barcelona (Agbar) de la gestión del agua en baja, el saneamiento y la depuración en el área metropolitana de Barcelona (AMB), al considerar que la Administración no justificó suficientemente su decisión de no convocar concurso público para dar el contrato. La adjudicación fue en 2012 y se firmó para 35 años por un montante de alrededor de 9.800 millones de euros. Fue Aguas de Valencia, presidida por Eugenio Calabuig, la que presentó el recurso que ha tumbado el servicio.
El fallo del alto tribunal catalán no es firme, dado que cabe recurso ante el Tribunal Supremo. La empresa adjudicataria ya avanzó ayer que recurrirá y que seguirá prestando el servicio hasta que se pronuncie el Supremo. En caso de que el TS confirmara la sentencia se debería celebrar un concurso público o, al menos, volver a justificar la adjudicación a dedo aunque en este caso con pocas posibilidades de prosperar.
La compañía concesionaria está controlada en un 70% por Aigües de Barcelona (Agbar), por la AMB, que tiene otro 15% y Criteria, con el 15% restante.
En su fallo, el TSJC argumenta que no se expresaron «razones técnicas bastantes ni hay derechos de exclusiva impeditivos de la concurrencia competitiva, ni existe valoración fiable del coste económico que, por su efecto disuasorio, justifique la renuncia a la concurrencia». Así, anula la resolución de la AMB porque «no se han respetado los principios que rigen la contratación pública» al adjudicar directamente el contrato por medio de un procedimiento sin publicidad.
No obstante, el presidente de la Mesa ha emitido un voto particular contrario a la sentencia porque considera que el fallo debería haber sido desestimatorio de la demanda presentada por Calabuig.
«El contrato del siglo»
Actualmente, Agbar gestiona el ciclo integral del agua en el área Metropolitana de Barcelona. La firma realiza desde su captación hasta la potabilización, transporte y distribución, además del saneamiento y la depuración de aguas residuales para su retorno al medio natural o su reutilización, dando así servicio a más de tres millones de personas. Este contrato fue considerado «del siglo» porque garantiza a la empresa concesionaria el ingreso constante durante 35 años de casi 10.000 millones de euros. Una facturación segura pese a las inversiones necesarias.
