La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha propuesto juzgar a los exdirectores generales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo Roberto López Abad y Dolores Amorós por la venta de preferentes y deuda subordinada de la entidad. No obstante, la magistrada ha archivado la investigación en lo que afecta a la comercialización de cuotas participativas.
En un auto en el que transforma las diligencias en procedimiento abreviado, la juez asegura que ambos ex altos cargos de la caja deben ser juzgados por delitos de estafa y un delito relativo al mercado y a los consumidores debido a las irregularidades en la venta de estos productos tóxicos.
Además, considera responsables civiles subsidiarias a la Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social de Caja Mediterráneo y el Banco Sabadell. Se archivan las actuaciones respecto al resto de directivos investigados: el exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol, Juan Luis Sabater y Francisco Martínez ya que no existen indicios de que participaran en los hechos ahora investigados.
La titular del Juzgado Central 3 destaca que existen irregularidades en el test de idoneidad que se distribuyó a través de una circular interna en la que también se adjuntaba el folleto informativo, que explicaba en que consistía el producto y sus riesgos.
Productos tóxicos
La División de Supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) detectó «una serie de irregularidades» en la comercialización de los dos productos, que quedaron recogidas en un informe de febrero de 2012, en el que, entra otras afirmaciones, se dice que la información facilitada al cliente adolecía «deficiencias relevantes».
