El Consejo de Ministros en funciones aprobó el pasado viernes una nueva oferta de empleo público, que cuenta con un total de 19.121 plazas. Se trata de la mayor convocatoria desde la irrupción de la crisis económica en España: desde el 2008 todas las promociones son sensiblemente inferiores en número.

El 70 % de las plazas „13.427„ son de ingreso libre y el 30 % restante „5.594„ de promoción interna. En ambos casos, se registra un notable incremento interanual. De hecho, el número de plazas de ingreso libre de la nueva oferta supera la suma de los registros de los cuatro ejercicios precedentes.

El mayor grueso de plazas corresponden a la Administración General del Estado. Tanto en las unidades «libres» „6.057 totales, con un aumento del 70 % respecto al 2015„como las de promoción interna „3.632 plazas„. La oferta también cuenta con 1.820 nuevas plazas para Justicia, 250 para Administración Local con Habilitación de carácter nacional, 2.740 para el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), 1.799 para la Guardia Civil y 761 para las Fuerzas Armadas.

Este último capítulo „con 39 plazas menos si se comparan los registros del 2015 y 2016„ es uno de los pocos que cuenta con una evolución negativa respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, desde Madrid anunciaron que queda pendiente una próxima aprobación de 761 plazas.

Entre los cuerpos de funcionarios también destacan las 557 plazas de nuevo ingreso para la Agencia Tributaria, las 330 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las 388 de instituciones sanitarias, las 290 de Ingeniería Civil, las 594 de Instituciones Penitenciaras y las 292 dependientes de organismos de investigación. A su vez, se reserva una cuota del 7% para personas con discapacidad.

El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, destacó tras la presentación de la oferta que «España necesita funcionarios» y que el número de empleados públicos se encuentra en la actualidad en una cuota similar a la del año 2004.

Sin embargo, los sindicatos han criticado la oferta defendiendo que en los últimos seis años se han destruido más de 150.000 puestos de trabajo en el conjunto de las administraciones públicas, por lo que «no compensa lo sucedido durante este tiempo».