El pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 6 de abril de 1995 un documento referente al «análisis de los problemas estructurales del sistema de seguridad social y de las principales reformas que deberán acometerse». El texto, que desde entonces es conocido como el «Pacto de Toledo» resumía una serie de recomendaciones realizadas por un grupo de expertos para la supervivencia del sistema público de retribuciones. Y se convirtió en una hoja de ruta.
La comisión del «Pacto de Toledo» se reunirá de nuevo este año „tal y cómo hacen cada lustro„ en un momento en el que muchas voces cuestionan la viabilidad del sistema.
El Congreso aprobó por unanimidad otorgarle carácter permanente en el primer pleno de la XI legislatura. El primer debate está previsto para principios del mes de abril, una vez los expertos hayan recibido los dos informes sobre Seguridad Social y Fondo de Reserva que tiene que enviar la Secretaria de Estado antes de que finalice marzo.
Recomendaciones de 2011
Este año toca revisar las últimas recomendaciones emitidas por el Pacto de Toledo en 2011, incluida la prolongación de la edad de jubilación a los 67 años que aprobó el PSOE y que debería estar implementada definitivamente en 2020. «Todo es negociable», declara el recién estrenado presidente de la Comisión, el exmagistrado y diputado de Podemos, Juan Pedro Yllanes.
Y no duda a la hora de aclarar que «la sostenibilidad del sistema es esencial en un país donde cada vez más personas adquieren condición de pensionista. Se les debe garantizar una jubilación que les permita vivir dignamente».
En el mismo sentido se pronuncian los portavoces del PSOE y de Ciudadanos en esta comisión, Francisco Hernández y Sergio del Campo, que coinciden en que hay datos preocupantes que señalan que de no actuar el sistema se puede quebrar.
Ayudar a sus familiares
En el centro del debate están los beneficiarios de los subsidios, un colectivo que en los últimos años no ha dudado a la hora de ayudar a sus familiares. Un informe de la ONG Educo defiende que ocho de cada diez pensionistas ayudan económicamente a sus allegados.
Una postura que seguramente también siguen los más de 950.000 receptores de un subsidio „953.139 concretamente a 1 de febrero„ que hay actualmente en la C. Valenciana. La pensión media se sitúa en los 827,29 euros y es un 8% inferior a la nacional, lo que equivale a casi 1.000 euros anuales. De hecho, hay 9.029 perceptores más que hace un año y las pensiones han aumentado un 2%.
El mayor grupo lo conforman los 578.228 jubilados, con una pensión media de 943,77 euros. Están acompañados por 94.513 perceptores de una ayuda por incapacidad permanente, las 241.027 personas que reciben una pensión por viudedad, las 36.879 personas que reciben un subsidio por orfandad y los 2.492 perceptores de una retribución por favor de familiares.
